Revocaron el pedido de elevación a juicio contra el cura Agustín Rosa Torino
El mismo juez que dio por prescripta la causa por abuso sexual contra el cura José Carlos Aguilera, ahora frena la causa contra otro sacerdote.
El magistrado Adolfo Figueroa declaró nulo el requerimiento de la causa a juicio contra el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y abuso sexual simple, en ambos casos agravado por ser ministro de culto reconocido.
El cura Carlos Aguilera fue sobreseído por la justicia salteña
En su resolución, Figueroa agregó que deberá formalizarse un nuevo requerimiento, “si el Ministerio Público así lo considera”.
La defensa del cura Agustín Rosa insiste con su liberación
A partir de la resolución del Juez de Impugnación, la fiscal penal 2, Verónica Simesen de Bielke, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, prepara un nuevo pedido de elevación a juicio en el marco de la causa que se sigue contra el sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y abuso sexual simple, en ambos casos agravado por ser ministro de culto reconocido.
La defensa del cura Agustín Rosa insiste con la excarcelación
Oportunamente, el pedido de elevación fue hecho por la fiscal María Lujan Sodero, después de la realización de numerosas pericias técnicas; inspecciones oculares en las instalaciones del Instituto San Juan Bautista; pericias sobre un teléfono celular; pen drives; computadoras; cámaras filmadoras y otros dispositivos digitales secuestrados en la causa, además de las pericias psicológicas y la recepción de más de 50 testimoniales.
La Justicia dispuso ampliar la prisión preventiva del cura Agustín Rosa
Sodero concluyó entonces que “la acusación” contra el sacerdote “halla fundamento en que el imputado, aprovechando la cercanía, la confianza, el respecto y la obediencia que le era debida, habría desplegado actos de contenido sexual en el cuerpo de los denunciantes”.
Fue detenido el padre Agustín Rosa
Sodero los describió como “tocamientos libidinosos”, en zonas íntimas de las víctimas y destacó que dado el “rol de Padre Fundador” del Instituto Religioso Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, las pruebas colectadas en la causa, demuestran que los damnificados no pudieron prestar de “ningún modo su consentimiento libre y voluntario” a los abusos sexuales denunciados.
La Fiscal dijo también que los actos sexuales denunciados se cometieron bajo características particulares, dada la “relación existente entre el imputado y las víctimas”; que el acusado gozaba de “ascendencia” sobre los miembros de la congregación que dirigía y que se “tornaba imposible para estos, en ese estado de clara vulnerabilidad, resistirse o negarse, máxime teniendo en cuenta las premisas que se impartían en esa Orden Religiosa y el evidente estado de sumisión en el que se desarrollaba el vínculo entre Rosa Torino y los hermanos del Instituto encabezado por el acusado”.
Para arribar a las conclusiones que motivaron el pedido de elevación a juicio contra el sacerdote, también se tuvieron en cuenta los peritajes psicológicos.
Al respecto, Sodero sostuvo que “los resultados de estos estudios fueron determinantes en cuanto al padecimiento de las víctimas, como así también respecto al perfil del acusado” y que dieron cuenta “de la existencia de graves secuelas en la psiquis de los denunciantes, lo que permite inferir que se ha afectado su integridad psicofísica y sexual”.
Vale recordar que la fiscal Sodero inició una causa penal a partir de tres denuncias radicadas por exintegrantes del instituto religioso, quienes acusaron al sacerdote por la comisión de distintos abusos sexuales.
Rosa Torino fue detenido el 21 de diciembre del año 2016. Posteriormente, el 2 de enero y a partir de dos nuevas denuncias, la fiscal amplió la imputación penal en contra del sacerdote por el delito de abuso sexual simple, también agravado por tratarse de ministro de culto reconocido. Mientras tanto, el sacerdote permaneció detenido y con prisión preventiva, confirmada por el Juzgado de Garantías 1.
Pero en agosto de 2017, el Tribunal de Impugnación revocó la prisión preventiva del sacerdote y ordenó la prisión domiciliaria en un inmueble de finca La Cruz y autorizó su salida de la provincia en dos oportunidades, una a otra provincia y otra fuera del país.