LA GACETA SALTA
Choque entre pueblos originarios y policías en el microcentro
Después de reunirse con funcionarios del gobierno, los integrantes de las comunidades marcharon alrededor de la plaza y la peatonal Florida.
31 Ene 2015
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MARCHA. Los pueblos originarios llegaron al microcentro. FOTO, TWITTER, USUARIO MATIAS GILLBERTI
La toma del Instituto de Pueblos Indígenas de Salta culminó anoche con una marcha de las comunidades por el microcentro, y con enfrentamientos con la policía. La policía intervino en Belgrano y Mitre para intentar disuadir la protesta.
La marcha empezó a las 8.40, luego de una reunión no del toda positiva que mantuvieron representantes de las comunidades con funcionarios del gobierno provincial. Distintas fuentes de las comunidades consideraron positiva que el gobierno dé de baja al vocal de la etnia chané, ya que es criollo. También calificaron como un avance que los funcionarios acepten la necesidad de modificar la Ley sobre la Integración del IPPIS, para poder incluir a nuevas etnias, nuevas en la zona. Sin embargo, el enojo se generó porque los funcionarios no quisieron pagar el transporte para que los originarios volvieran a sus respectivos pueblos.
Marcharon por avenida Belgrano, desde Sarmiento hasta Mitre. Ahí hubo incidentes con unos policías. La marcha continuó después alrededor de la plaza e incluso por una de las peatonales.
El problema del presidente
La mayoría de las comunidades cuestionan al flamante presidente del IPPIS, Miguel Siares, de la etnia Kolla. A Siares le cuestionan dos hechos: uno, que pertenece a una etnia que ya estuvo al frente del organismo y la Ley estipula que la presidencia debe rotar entre todas las etnias.
La otra cuestión es más compleja. Siares fue, una vez, presidente interino del IPPIS, y durante su gestión se generó uno de los problemas judiciales y económicos más grandes del Instituto: un embargo $ 3.431.418. El caso se generó en 2010, cuando Siares autorizó que se utilizara una camioneta del instituto para transportar gente que quería ver un partido de Central Norte. La camioneta la manejaba Marcos Fernández, yerno de Siares. Manejó borracho, giró de manera brusca en una esquina y un chico que iba en la parte de atrás cayó y se golpeó la cabeza y quedó en estado vegetativo.
El monto del embargo fue reconocido por la Auditoría General de la Provincia.
La marcha empezó a las 8.40, luego de una reunión no del toda positiva que mantuvieron representantes de las comunidades con funcionarios del gobierno provincial. Distintas fuentes de las comunidades consideraron positiva que el gobierno dé de baja al vocal de la etnia chané, ya que es criollo. También calificaron como un avance que los funcionarios acepten la necesidad de modificar la Ley sobre la Integración del IPPIS, para poder incluir a nuevas etnias, nuevas en la zona. Sin embargo, el enojo se generó porque los funcionarios no quisieron pagar el transporte para que los originarios volvieran a sus respectivos pueblos.
Marcharon por avenida Belgrano, desde Sarmiento hasta Mitre. Ahí hubo incidentes con unos policías. La marcha continuó después alrededor de la plaza e incluso por una de las peatonales.
El problema del presidente
La mayoría de las comunidades cuestionan al flamante presidente del IPPIS, Miguel Siares, de la etnia Kolla. A Siares le cuestionan dos hechos: uno, que pertenece a una etnia que ya estuvo al frente del organismo y la Ley estipula que la presidencia debe rotar entre todas las etnias.
La otra cuestión es más compleja. Siares fue, una vez, presidente interino del IPPIS, y durante su gestión se generó uno de los problemas judiciales y económicos más grandes del Instituto: un embargo $ 3.431.418. El caso se generó en 2010, cuando Siares autorizó que se utilizara una camioneta del instituto para transportar gente que quería ver un partido de Central Norte. La camioneta la manejaba Marcos Fernández, yerno de Siares. Manejó borracho, giró de manera brusca en una esquina y un chico que iba en la parte de atrás cayó y se golpeó la cabeza y quedó en estado vegetativo.
El monto del embargo fue reconocido por la Auditoría General de la Provincia.
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