Improvisación y quiebre en el gobierno por la adhesión al Protocolo de aborto no punible

A través de una conferencia de prensa encabezada por el ministro Ricardo Villada, el gobierno confirmó que la adhesión de la provincia al protocolo nacional de aborto no punible quedará en manos de la Legislatura. De esta manera, la flamante gestión contradijo los dichos de la ministra de Salud, Josefina Medrano, quién había asegurado que la Provincia se sumaría a la normativa impulsada por el Ministerio de Salud de Nación.

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“La ministro seguramente se refirió en ese momento a que Salta estaba adherida al protocolo nacional, pues ya existía concretamente. Pero no había decisión respecto a lo que se iba a hacer”, expresó el titular de la cartera de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia.

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Ante la consulta de LA GACETA, el funcionario remarcó que las expresiones de su colega fueron vertidas a pocas horas de haber asumido y sostuvo que no hay contradicciones en la gestión. “Estamos hablando de algo que ha pasado en el lapso de horas. Asumió y esto en definitiva le llevó la necesidad de un tiempo de análisis, pero no hay ninguna contradicción”, detalló el funcionario de Gustavo Sáenz.

FOTO LA GACETA

“Estuvimos en reunión de gabinete y coincidimos en la necesidad de que ustedes entiendan que nosotros no estamos rechazando el protocolo. Pero, queremos que entiendan que para tomar una decisión de esta naturaleza hay que hacerlo en un marco de certeza, mesura y rigor científico”, enfatizó Villada.

Conocé las claves del nuevo Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo

El pasado 12 de diciembre, luego de que se conociera el anuncio del nuevo protocolo nacional, la ministra de Salud Pública Josefina Medrano aseguró que Salta se adheriría al protocolo. “Vamos a respetar la ley”, dijo en una entrevista con Fm Noticias y remarcó: “entendemos que ni los niños, ni las madres deben morir y que no debe haber niñas madres”.

Se garantiza el Decreto 584

Ante la falta de definiciones sobre el tema, Villada afirmó que el Decreto 584/18 seguirá vigente en la provincia.

Este instrumento legal establece que las causales que habilitan a solicitar la interrupción legal del embarazo están ligadas a motivos que pongan en riesgo la salud o la vida de la mujer, o que el embarazo haya sido producto de una violación.

“Este Protocolo está destinado a garantizar la dignidad y derechos de toda persona con capacidad biológica de gestar y, por lo tanto, potencial sujeto del derecho a abortar cuando su vida o salud estén en peligro, o esté cursando un embarazo producto de una violación sexual, independientemente de tener o no una discapacidad intelectual o mental. Asimismo, como se mencionó anteriormente, este Protocolo se guía por el principio de autonomía de las personas y, en consonancia con el mismo, la atención de las situaciones de ILE implica necesariamente el consentimiento informado por parte de la usuaria. Este es un proceso que recorre toda la atención y está enmarcado en la Ley 26.529, de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, expresa el protocolo en su página 16.

En caso que ambas cámaras del Poder Legislativo rechacen la adhesión a la normativa, en Salta se seguirá aplicando este Decreto.