Cómo repercutió la pandemia en las finanzas de Salta
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), no consiguieron compensar la caída de la coparticipación en la mayoría de las provincias. ¿Cómo le fue a Salta?
En las calles de Salta se percibe, con claridad, los daños colaterales de la pandemia: negocios que cierran y un notorio crecimiento de la incertidumbre laboral.
¿Qué tan efectivas fueron las medidas del gobierno nacional para mitigar el impacto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el país?
Con este objetivo, el presidente Alberto Fernández impulsó el programa de Asistencia por la Emergencia Sanitaria (AES) bajo la órbita de la ANSES, que financia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El IFE asigna $10.000, a los desocupados, trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y categorías más bajas, en el cual se inscribieron alrededor de 12 millones de personas y la cantidad de beneficiarios aprobados de 8 millones superó ampliamente lo estimado inicialmente por la ANSES, que era de alrededor de 3,6 millones.
En Salta 322.416 personas recibieron este beneficio. Es decir, el 26,55% de la población, uno de los porcentajes más altos. Sólo tuvieron un mayor porcentaje de inscriptos Chaco (30%), Santiago del Estero (29%), Formosa (28,8%) y Corrientes (27.5%).
La consultora Aerarium hace otra lectura de estos datos. “En el caso del IFE que se concibió con el objeto de evitar que la pobreza y la indigencia se disparen como efecto del cese de actividades de millones de trabajadores informales, es evidente que los resultados no son los buscados, dado que en las regiones más afectadas por el ASPO es adonde menos recursos en términos relativos están llegando y con más de 80 días de cierre de actividades el programa en su conjunto ni siquiera llegó a pagar la primera cuota a los 8.000.000 de beneficiarios aprobados”, señala el informe de El informe de la consultora dirigida por Paulino Caballero y Guillermo Giussi.
Un problema similar detectan en la asignación compensatoria salarial del 50%, que paga el gobierno nacional bajo el programa ATP.
Al 22 de mayo estos programas de asistencia centrales en la contención de la crisis socioeconómica, cuentan con un presupuesto de $174.630 millones, pero solo ejecutaron el 67% del mismo. Los ATP tienen un nivel de ejecución que no llega al 50%, en un escenario de destrucción del empleo y tejido productivo generados por el ASPO.
Gracias a este programa ingresaron a Salta 1.881 millones de pesos. Salta se posicionó octava en la cantidad de empresas beneficiadas. El primer lugar se lo llevó la provincia de Buenos Aires, con 14.227 millones de pesos.
Entre el IFE y el programa ATP Salta recibió 5170 millones de pesos.
El problema es que estas sumas no alcanzan a compensar la caída en las Transferencias Federales a provincias.
Según otro informe de Aerarium, en mayo, en el país, hubo una caída del 26.3% interanual en términos reales, a partir de un crecimiento nominal de apenas 6.8% respecto a mayo de 2019. Para tener una idea del deterioro que se viene observando, durante 2019, año de mala performance en las transferencias automáticas, la caída real anual promedió 1.7%, en tanto que durante los primeros cinco meses de 2020 la contracción es del 13.8%.
Salta perdió, en este sentido, 25,9%.
Por otra parte, la consultara marca, con preocupación, “el retroceso que está sufriendo el Federalismo Fiscal en los últimos meses, con el agravante que de los $912.000 millones que el Gobierno Nacional ha recibido del BCRA en lo que va del año (AT + Utilidades), apenas ha coparticipado el 4.2% en forma directa ($38.033 millones de ATN).”
Aerarium señala que la única política de asistencia financiera provincias en el marco del ASPO sigue siendo la enmarcada en el decreto N°352/20 del 08 de abril, que creó el Programa para la Emergencia Financiera Provincial (PEFP), con el objeto asistir a las provincias y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia de COVID-19. Dicho programa contempló una asignación de recursos por un monto total de $120.000 millones provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).
Al 31 de mayo el PEFP muestra una demora en su ejecución, se llevan distribuidos $38.033 millones de ATN, amortiguando solo en un 38% de la caída de recursos coparticipables de $101.059 causados por el ASPO. Entre marzo y mayo se estimaba percibir por coparticipación unos $542.736 millones, sin embargo, lo efectivamente recibido por el conjunto de provincias y CABA fue $441.677 millones.
En este sentido, se calcula que Salta perdió 3.417 millones de pesos de coparticipación, por efecto del Aislamiento Obligatorio.