Diputados buscan prohibir por ley la comercialización de plasma

A raíz de una denuncia realizada contra Hemosalta SRL, los legisladores provinciales buscará prohibir por ley la comercialización de plasma a pacientes contagiados con covid-19.

De acuerdo a lo detallado en el proyecto, en Salta quedaría prohibido “toda facturación o arancel que las plantas de hemoderivados pertenecientes al sector privado establezcan para las prácticas médicas vinculadas a la extracción, embasamiento y distribución del Plasma Convaleciente para el tratamiento de covid 19 por el tiempo que dure la Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley 8188”.

La iniciativa, que se discutirá hoy en la cámara baja provincial, indica también que el Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación de la Ley 7854, podrá realizar convenios con las plantas de hemoderivados pertenecientes al sector privado con el objeto de proveer los insumos necesarios para el procesamiento y distribución del Plasma Convaleciente Covid 19 destinado a los pacientes hospitalizados en el Sistema Sanitario público y privado de la Provincia.

En lo que respecta al debate legislativo, los integrantes de la comisión de salud de la Cámara solicitaron también que las personas que infrinjan la norma reciban sanciones monetarias o de prisión.

El caso

El médico Martín de la Arena fue imputado hoy por el delito de tentativa de fraude a la administración pública, en carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial. Ayer, se presentó ante la Justicia pero se abstuvo y pidió declarar por escrito. Ahora tiene un plazo de cinco días hábiles para hacerlo.

En el marco de esta investigación, el fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, no descartó nuevas imputaciones.

En el decreto de imputación constan las declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.

El imputado es el socio gerente de Hemosalta SRL, prestador de la obra Social IPS. Según las investigaciones, el médico habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de plasma (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.