LA GACETA SALTA
Un entramado de llamadas telefónicas complica a Reynoso
La resolución que ordenó el procesamiento de los imputados por beneficiar a narcos a cambio de dádivas desnudó el modus operandi de la supuesta asociación ilícita.
05 Dic 2015
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“Este tipo de cosas se resuelven pagando” o “para que tu hermano salga en libertad hay que pagarle al Tío”; son frases que pintan de cuerpo entero la trama que los fiscales y el juez Julio Bavio aseguran que existía en la Justicia Federal de Orán.
Cientos de llamadas telefónicas registradas entre 2013 y 2014, coincidentes con hechos sumamente sospechosos, fueron algunos de los argumentos en los que se apoyó el juez para procesar a Raúl Reynoso y al resto de los imputados por asociación
ilícita.
En su indagatoria, el juez de Orán había dicho que había hablado muy pocas veces en su vida con el abogado –imputado- René Gómez. Sin embargo, la investigación llevada a cabo por el fiscal de la Procunar, Diego Iglesias, y su par salteño, Eduardo Villaba, afirma que existen 188 llamadas telefónicas entre ambos en un lapso menor a tres años.
En su requisitoria de procesamiento, argumentaron que hay conversaciones entre ambos los mismos días en que se cerraban operaciones inmobiliarias sobre una finca de 700 hectáreas, que originalmente pertenecía al imputado de narcotráfico Pablo Vera.
Primero el inmueble pasó a manos de la pareja de Gómez, Rosana Rivas Vázquez (quien declaró confesando el hecho) y en otra operación, fue transferida a Rosalía Aparicio, hermana de César Aparicio, empleado y presunto hombre de confianza de Reynoso. La transacción habría tenido por fin el sobreseimiento de Vera, cuyo abogado era Gómez.
La versión de los fiscales que aceptó el juez
¿Por qué Bavio decidió hacer lugar al pedido de los fiscales y procesó a todos los imputados? Porque consideró que existen pruebas suficientes para sospechar la veracidad de los hechos denunciados por las fiscalías.
Según el auto de procesamiento Reynoso organizó el funcionamiento del Tribunal con personas de su extrema confianza, como son los casos del jefe de despacho Miguel Saavedra, considerado como la “mano derecha” del juez ya que tenía a su cargo las causas más importantes incluso en desmedro de los secretarios; y el ordenanza Julio Cesar Aparicio, quien se ocupaba de la recepción de las dádivas (vehículos e inmuebles) obtenidas por la organización.
El rol de los abogados imputados sería, presuntamente, una pata fundamental de la estructura delictiva. Ramón Valor, René Gómez, María Elena Esper y Arsenio Eladio Gaona -cuñado del juez-, están sindicados por ser quienes intermediaban entre sus clientes el magistrado. Difundir el monto pretendido y explicar la modalidad de pago serían sus funciones. El despacho de Reynoso está visto como el lugar en donde el juez y los abogados concertaban los acuerdos.
Algunos de los que fueron detenidos por tráfico de estupefacientes en causas con asiento en Orán, declararon confesando haber pagado o haber recibido ofertas para lograr sus excarcelaciones, sobreseimientos o faltas de mérito.
Las versiones contradictorias en las declaraciones de los imputados en las indagatorias tomadas por Bavio, fueron otros aspectos señalados por los fiscales, por los que el juez ordenótambién la realización de careos. También se sumaron testimonios de empleados del juzgado, documentación secuestrada durante los allanamientos –uno de los cuales tuvo lugar en el propio juzgado- e investigación patrimonial.
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