Pidien la detención de Levín y de los tres ex policías condenados
La solicitud fue realizada por el abogado querellante considerando que el ex empresario salteño y los ex efectivos continúan en libertad dado que la sentencia no quedó firme.
En el banquillo. Foto La Gaceta.
David Leiva, el abogado querellante en el juicio contra el
ex propietario de la transportista La Veloz del Norte, Marcos Levín, solicitó al Tribunal Oral Federal
de Salta la detención del ex empresario condenado recientemente a 12 años de
prisión por cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Lo mismo planteó
para los ex policías Víctor Bocos, Víctor Hugo Almirón y Enrique
Cardozo, también condenados en esta causa.
Levín y los ex efectivos fueron enjuiciados por la detención
ilegal y la tortura sufrida en 1977 por Víctor Manuel Cobos, quien era
integrante de la comisión directiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y
empleado de La Veloz del Norte.
El pedido fue formulado en virtud de que todos los
condenados quedaron en libertad, debido al criterio adoptado por la Cámara
Federal de Casación de posibilitar que no vayan a prisión hasta que la condena
quede firme.
Leiva dijo a Télam: “la condena fue el lunes y el martes
hicimos el pedido de detención de los cuatro implicados ante el Tribunal Oral
Federal de Salta”.
“Hicimos este pedido de detención porque correspondía
hacerlo, y subsidiariamente solicitamos que no se los deje salir del país, por
entender que Levín es una persona con recursos económicos suficientes y
vinculaciones para irse de Argentina”, explicó.
Además, consideró que “el importe de la condena es de
cumplimiento efectivo” y afirmó que otro motivo para fundamentar este
requerimiento “es la frontera abierta, que no está cuidada”.
La Justicia calificó a Levín como “partícipe necesario” de
los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos, en
contra de un ex empleado y gremialista. De esa manera, se convirtió en el
primer empresario del país condenado por delitos de lesa humanidad cometidos
durante la última dictadura cívico-militar.
Mientras que a los ex policías los consideró coautores de
los mismos delitos y les impuso penas de 12 años de prisión a Bocos y Almirón,
y de ocho años a Cardozo.