"La soja no está sirviendo como elemento de desarrollo en el territorio provincial"

"Como elemento de desarrollo del territorio provincial, la soja no está sirviendo". Tan tajante afirmación es del biólogo e investigador del CONICET, Francisco R. Barbarán.

Pero no se trata de un mero comentario hecho sin pensar, sino de una afirmación contundente basada en un amplio estudio.

Francisco R. Barbarán, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y Humberto M. Arias, de la Dirección de Estadísticas de Salta, realizaron un estudio llamado "Sostenibilidad institucional y social de la expansión de la frontera agropecuaria - Boom sojero, políticas redistributivas y pago por servicios ambientales en el norte de Salta, Argentina".

Barbarán, en diálogo con LA GACETA explicó que "la soja está produciendo en dinero, alrededor de unos 200 millones de dólares en impuestos por año, de Salta para la Nación".  

"Sería interesante a la vez, ver cómo vive la gente y cuál es la situación social y económica en las áreas de producción de soja" reflexionó el biólogo.

Barbarán asegura que dentro de los 200 millones de dólares que Salta le entrega a la Nación, apenas vuelve un 10 por ciento a Salta.  Esto es teniendo en cuenta la ley de Coparticipación Federal, el Fondo de la Soja y otras legislaciones.

Con el trabajo de Barbarán y Arias, se evaluó la sostenibilidad de la expansión de la frontera agropecuaria en los departamentos Anta, General San Martín, Orán y Rivadavia en Salta.

Entre otras cosas, analizaron la conflictividad social vinculada con la concentración de la propiedad de la tierra, el pago por servicios ambientales referido a la ley 26331 de bosques nativos y se calcularon los saldos migratorios entre los censos de población de 1980, 1990, 2000 y 2011.

Ambos cuentan en su informe, que los saldos migratorios obtenidos fueron todos negativos. Aunque el porcentaje de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas disminuyó entre 1990 y 2011, esto no alcanzó a retener la población, por falta de creación de empleo genuino y de reinversión de la recaudación impositiva por retenciones a la exportación de granos en las áreas donde se producen.

Según el documento que elaboraron, el aumento de las tasas de desnutrición infantil entre 2011 y 2012 indica una creciente necesidad de asistencia pública. Se concluye en que ni la expansión de la frontera agrícola ni las políticas públicas vinculadas con ella son sostenibles en las dimensiones institucional y social

El trabajo arriba a conclusiones que son contundentes:

1. La existencia de una potente legislación forestal pero con fondos insuficientes para su implementación efectiva, hace que la política de conservación que crea la ley 26331 tenga alcances muy limitados concentrados en proyectos de restauración forestal por montos pequeños comparados con la rentabilidad del cultivo de soja, por lo que la ley no ha servido para desalentar los desmontes para expandir la frontera agropecuaria.

2. La soja genera un beneficio neto para el productor de 200 dólares por hectárea, mientras que las alternativas para el uso sostenible de la tierra basadas en la biodiversidad aún no tienen un paquete tecnológico definido. Implican alta inversión en investigación y desarrollo, costos de análisis de circuitos comerciales poco conocidos y rentabilidad incierta, mientras los protagonistas de este uso, en este caso las poblaciones indígenas y criolla sobreviven por fuera de la economía formal. Esto señala la necesidad de construir consenso alrededor de la discusión sobre el uso de los recursos naturales de la región y un futuro incierto para los bosques nativos de la República Argentina.

3. La simple entrega de la propiedad o de derechos de uso a los ocupantes originarios de tierras privadas o públicas sin un proyecto de desarrollo integral que elimine el sobrepastoreo, no garantiza el manejo de los bosques en beneficio de sus ocupantes, sino la continuidad de la pobreza y el deterioro del ecosistema que reclaman como suyo.

4. Es necesario implementar políticas ambientales efectivas, sobre la base de un plan a largo plazo para el uso de los recursos, que trascienda los ciclos económicos y los cambios de autoridades. Este plan debería contemplar el fortalecimiento institucional de los organismos provinciales de medio ambiente, las investigaciones científicas orientadas al uso sostenible de recursos naturales, la formación de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo esta tarea y la inclusión de la dimensión ambiental en la planificación del desarrollo, además de la infraestructura, los subsidios e incentivos necesarios para hacer más eficiente y diversa la base productiva.

5. La concentración de poder alrededor de la recaudación impositiva por retenciones a las exportaciones de granos, impide la reinversión de esos recursos en las áreas de producción agrícola e impide a las economías regionales y a las provincias definir su propia agenda de desarrollo. Esto señala la necesidad de sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal y nuevas políticas redistributivas. Por otra parte, el cultivo de soja al ser altamente tecnificado no genera empleo y el Estado Nacional concentra su política social en el asistencialismo, privilegiando intereses electorales de corto plazo.

6. El incremento de la conflictividad social y de la violencia en perjuicio de comunidades locales que tienden a ser desplazadas de los lugares que habitan, indican que la expansión de la frontera agropecuaria para el cultivo de granos y la gestión institucional vinculada con ella, no son sostenibles en las dimensiones institucional y social en el área de estudio.