El ex juez Lona irá a juicio por la desaparición del ex gobernador Ragone
El ex magistrado de Salta está acusado de promover la persecución y represión de los delincuentes y encubrimiento de los hechos cometidos en perjuicio de víctimas de la última dictadura.
El ex juez federal de Salta, Ricardo Lona, será llevado a juicio oral y público por las irregularidades que cometió en las investigaciones del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Catalino Arredes y las lesiones que sufrió Margarita Martínez Leal, durante la última dictadura cívico-militar.
El juez federal subrogante Fernando Poviña dio curso a los requerimientos de elevación a juicio de las querellas y de los fiscales Carlos Martín Amad y Francisco Santiago Snopek, quienes en octubre acusaron a Lona de prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes y encubrimiento de los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas en carácter de autor. Así lo informó el sitio oficial Fiscales, dependiente de la Procuración General de la Nación.
Cabe recordar, que Ragone fue interceptado alrededor de las 8:00, del 11 de marzo de 1976, cuando conducía por la ciudad de Salta su Peugeot 504, poco después de dejar su casa. Los captores abordaron su automóvil, lo inmovilizaron y luego, desvanecido, lo tiraron en la parte posterior del vehículo.
Mientras todo ocurría, la empleada de comercio Margarita Martínez y Santiago Arredes, propietario de un almacén, salieron a la calle para ver qué ocurría. Arredes, incluso, salió en defensa de Ragone. Pero los captores dispararon contra ambos: mataron a Arredes de un disparo en el pecho e hirieron a Martínez con una ráfaga de ametralladora.
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales destacaron que Lona cerró la investigación después de recibir el expediente policial, y que omitió pruebas relevantes, como citar a declarar a la testigo baleada durante los hechos.
El ex juez, indicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, omitió adoptar medidas procesales trascendentes para la pesquisa, controló y seleccionó las medidas que debían adoptarse y convalidó irregularidades policiales, lo cual -explicaron- condujo a "hacer desaparecer o frustrar pruebas relevantes para llegar a identificar a los responsables" del atentado.
Para la Fiscalía, "cuanto menos el imputado se adaptó, toleró o prestó su asentimiento al plan criminal, conociendo que su comportamiento omisivo dejaba impune un magnicidio y los delitos conexos". De esa forma, Lona se colocó "como un engranaje de la maquinaria estatal que posibilitó la concreción de las múltiples infracciones penales que involucraron este tipo de ataques masivos a la población civil".