Investigan a médicos y bioquímicos de Salta por una estafa millonaria al PAMI
GLADYS MOISÉS, TITULAR DEL PAMI SALTA. ARCHIVO LA GACETA
La defraudación rondaría los $3.000.000 por la emisión de órdenes médicas truchas. Habrían detectado estudios en nombre de personas muertas.
La Justicia Federal de Salta investiga por estas horas una posible estafa millonaria que habría sido protagonizada por médicos y bioquímicos de esta ciudad y que habrían perjudicado las arcas de la sede local del PAMI por la emisión de órdenes truchas, que incluyeron a personas muertas.
Se trata de una investigación impulsada por el Juzgado N° 1, a partir de una denuncia que radicó el ente nacional encargado de la salud de los jubilados en febrero de este año, según confirmó su titular, Gladys Moisés.
En diálogo con LA GACETA, la funcionaria nacional explicó que la primera institución que detectó anomalías en sus registros fue la Asociación Bioquímica de Salta (ABS), la cual encontró órdenes de estudios de laboratorio a personas fallecidas y otras de pacientes que nunca habían visitado a los profesionales firmantes de dichos informes.
El daño económico al PAMI ascendería como mínimo a los $250.000 por mes y en principio la auditoría habría detectado esta operatoria a lo largo de un año. Por lo tanto, el monto de la estafa tendría como piso un total de $3.000.000.
Cómo comenzó la investigación
En septiembre de 2016, la ABS concretó una reunión con el PAMI para informar sobre las anomalías y el ente nacional les requirió un informe con “pruebas concretas”, señaló Moisés. En febrero de este año finalmente los profesionales le entregaron una auditoría en la que, según Moisés, vieron que existía “prima facie” la posibilidad de que el PAMI fuera víctima de un perjuicio económico.
Moisés no pudo precisar la cantidad de profesionales que estarían involucrados en el caso ni dio nombres de los mismos, pero afirmó que existe la sospecha de que bioquímicos y médicos trabajarían en conjunto: “hace falta más de uno para esta situación, no sé si trabajarían en conjunto, si lo hacían deliberadamente o si estaban de acuerdo, pero la situación aparentemente es que sí había una relación”, señaló la funcionaria.
Además, indicó cómo habría sido la maniobra por la que los profesionales habrían emitido órdenes truchas: “el médico prescribía un laboratorio para una persona, el bioquímico decía que lo hacía, pero en realidad no lo hacía. Eso es en principio, quizás puedan demostrar a la Justicia que sí lo hacían”, concluyó Moisés.
Además de presentar la denuncia ante la Justicia, el PAMI suspendió hasta el momento a dos médicos para la prestación de sus servicios. “Ahora tenemos planteados los recursos de consideración y estamos evaluando de levantar la suspensión previsora que de ninguna manera significa que haya culpabilidad del profesional, eso lo va a determinar la Justicia”, aseguró Moisés.
Cimbronazo en la Asociación Bioquímica
El conflicto además desarticuló la presidencia de la ABS. El 27 de diciembre de 2016 la Asamblea Extraordinaria de asociados de la entidad decidió por mayoría absoluta “licenciar hasta la finalización de su mandato en el cargo de Presidente de la HCD al Dr. Enrique Guillermo Bardi” y en su reemplazo asumió el Dr. Ricardo Buttazzoni, quien hasta la fecha se desempeñaba como Vicepresidente.
En diálogo con LA GACETA, Buttazzoni señaló la auditoría obligó a un cambio de autoridades. “Yo era vicepresidente, nuestra política siempre fue ser transparentes y asumí yo en el cargo. Quiero que quede claro que esta situación es ajena a esta institución”, indicó el profesional. El bioquímico además sí pudo precisar la cifra de los profesionales denunciados. Se trataría de dos médicos y cuatro bioquímicos.
Desde el entorno de Bardi aseguraron a LA GACETA que el profesional no tiene ninguna responsabilidad en los supuestos delitos investigados.
La carátula: “defraudación al Estado Nacional”
La Fiscalía N° 2 de la Justicia Federal, a cargo de Ricardo Toranzos, confirmó a LA GACETA que existe dicha investigación pero no quiso brindar más detalles. Sin embargo, precisó que la causa tiene hasta el momento la carátula de “defraudación al Estado Nacional”. Según el artículo 174 del Código Penal de la Nación, “el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública” tendría una pena de dos a seis años de prisión.
Además se pudo saber que la investigación tratará de develar si existió también el delito de “asociación ilícita”. En ese caso, el Código Penal establece una pena que de tres a diez años y para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión.
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