Profesionales de Salta aseguran que los nuevos límites a sus actividades vulneran derechos obtenidos

Una nueva disposición ministerial, a nivel nacional, puso los nervios de punta en todo el país. Esta vez son los profesionales de 37 carreras que cuestionan una resolución del Ministerio de Educación de la Nación que limita el alcance sus títulos universitarios. Los colegios profesionales de distintas provincias ya manifestaron su rechazo y solicitaron rever esta medida. Desde Salta, consideraron que estos nuevos límites a las actividades profesionales vulneran los derechos obtenidos.

Es por esto que algunas instituciones no descartan recurrir a la Justicia, si no se reconsidera y modifica esta resolución en el plano administrativo.

La medida también fue criticada por sectores estudiantiles ya que, aseguran, es perjudicial para el campo laboral al reducir el alcance de los títulos. No obstante el Consejo de Universidades expresó que no se recorta los alcances de ningún título ni cercena la habilitación profesional. 

Dispusieron limitar el alcance de varios títulos universitarios y se generó la polémica

“El problema es que no se ha consultado a una parte muy importante en esto, que son los Consejos y Colegios profesionales, porque ellos tienen el control del ejercicio profesional y conocen mejor que nadie las situaciones de las profesiones en la vida cotidiana”, dijo a LA GACETA el ingeniero Felipe Biella, presidente del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA) de Salta. A la vez aclaró: “a los títulos ya entregados no se les puede modificar las incumbencias porque el plan de estudio ya las preveía; se han reducido hacia futuro”.

Biella consideró que esta nueva disposición fue inconsulta y arbitraria. “Me parece que ha sido una resolución apresurada que no ha tenido un mecanismo participativo de los diferentes actores. Creo que va a generar muchos conflictos. Están todos muy disconformes”, señaló.

“En el plano administrativo se han manifestado diferentes instituciones y si no tienen éxito irán a la Justicia”, anticipó.

Desde el ámbito de la Psicología también cuestionaron esta medida. La Federación que los nuclea a nivel nacional evalúa acciones a seguir para que estas limitaciones se retrotraigan.

Hoy, por ejemplo, se reúnen los delegados provinciales de la Federación de psicólogos de la República Argentina, en Buenos Aires, para discutir sobre esta resolución, publicada en el Boletín Oficial el pasado 18 de mayo.

“El tenor de la misma hace que urja reunirnos a efecto de evaluar postura en común y acciones a realizar como colectivo de las y los profesionales psicólogos del país, reafirmando que siempre será postura de nuestra federación defender derechos obtenidos y hacer crecer nuestro campo profesional”, comunicó ayer el Colegio de Psicólogos de Salta.

La presidente de esta institución, Irma Silva, viajó a Buenos Aires para participar de esta reunión y a través de las redes sociales se informó que la semana próxima se detallará a los matriculados las novedades de esta convocatoria.

En tanto, desde el Colegio de Arquitectos de Salta también se pronunciaron contra la resolución del ministerio que encabeza Alejandro Finocchiaro.

Los arquitectos consideran que esta nueva norma “vulnera los derechos de los colegas al modificar las actividades profesionales reservadas reconocidas al título”.

“Tal como lo expresa el comunicado de prensa de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, hemos de agotar las instancias administrativas y/o judiciales a fin de evitar que esta norma llegue a aplicarse”, publicó el Colegio local en sus redes sociales.

Además, esta entidad dijo que la resolución genera “desconcierto y un estado de incertidumbre general que pone en jaque la libertad de los profesionales que ejercen su carrera merced a su título habilitante y al cual accedieran a través de años de sacrifico y esfuerzo”.

¿Qué otros profesionales estarán limitados para ejercer sus carreras?

Por último, comunicó: “desde el CAS estamos trabajando para coordinar esfuerzos con colegas y Colegios de todo el país con el objetivo de llevar adelante medidas conjuntas que potencien y multipliquen las posibilidades de que el Estado Nacional nos escuche y atienda el reclamo de los arquitectos del país. Sabemos que existen temor e incertidumbre por los alcances de esta normativa pero queremos hacerles saber que estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias legales para lograr nuestro objetivo”.

Sin embargo, desde la Comisión Interuniversitaria Nacional aseguran que la disposición no recorta los alcances de ningún título sino que limita las actividades reservadas que pueden "comportar un riesgo para el bien público".

"Estas actividades no indican todo lo que un profesional está habilitado a realizar. Solo aquello que, por su riego potencial, amerita tutela pública", explican. "En concreto esto significa que esas titulaciones podrán seguir teniendo los mismos o más alcances que los que tenía (según lo decida cada universidad) y que solo un subconjunto de esos alcances será considerado como actividad reservada a esa o a otras titulaciones reguladas", detallaron.

La polémica recién comienza, pero ya se proyecta como un nuevo conflicto entre el Gobierno Nacional, los estudiantes universitarios, los colegios profesionales y los sindicatos de todo el país.