Mafia en Tránsito: la Municipalidad reconoció los hechos pero respaldó a los sindicatos

La Justicia salteña investiga a un grupo de agentes de tránsito sospechados de pedir dinero a cambio de agilizar los trámites o entregar licencias de conducir falsas. El caso se conoció a través de las declaraciones del subsecretario de Tránsito, Gerardo Garrido, pero desde la Municipalidad ratificaron que la causa ha sido relevada a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos.

Fue el jefe de Gabinete municipal, Luis María García Salado, quien expresó la voz del ejecutivo de la Ciudad y ratificó a LA GACETA que una auditoría encontró irregularidades en el otorgamiento de licencias de conducir, por lo que se inició una investigación interna que luego se puso en manos de la Justicia.

“La Subsecretaría de Tránsito tiene un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en todo lo que tiene que ver con la emisión de licencias de conducir, por eso hicieron una auditoría para ver cómo se entregaban, vieron los expedientes auditoria y encontraron una serie de irregularidades”, contó.

A raíz de ello, decidieron cambiar al personal que se encargaba de ese trámite designando a nuevas personas autorizadas y con acceso a las computadoras que están conectadas con Buenos Aires y se iniciaron actuaciones internas y se hizo la denuncia penal correspondiente.

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Garrido había contado que se trataba de un negocio que recaudaba decenas de miles de pesos por día a través de un aceitado procedimiento y que la causa también investiga la responsabilidad de los contribuyentes que pagaron la coima y de autoridades de la dependencia municipal.

“Quien va a determinar si hubo o no delito es la Justicia, no la Municipalidad”, advirtió García Salado aunque reconoció que hay casos de  otorgamiento de licencias sin los papeles correspondientes pero aclaró que desconoce cómo eran las maniobras, lo que está siendo investigado por la Fiscalía.

Hay denuncias de personas que dijeron que les han pedido coimas de 4.000 pesos pero en promedio se habrían cobrado montos de entre 2.000 y 3.000 pesos.

El jefe de Gabinete municipal contó que cuando asumieron al frente de la ciudad en 2015, los desmanejos en Tránsito les llamó la atención pero prefirió ser cauteloso a la hora de hablar de “mafia”, como lo consideró Garrido. Recalcó que para combatir esos problemas, se implementó el nuevo sistema de entrega de licencias y se colocaron cámaras de seguridad para, entre otras cosas, ver cómo se manejaban en los canchones con los vehículos secuestrados.

AGENTES AUTOCONVOCADOS EN PROTESTA

García Salado destacó que llevar adelante un reordenamiento dentro de dicha área les costó toparse con posturas opositoras internamente, incluso con paros de autoconvocados. “Ahí el intendente tomó la decisión de no proteger este tipo de cosas y a esa gente se le descontó todo lo que correspondía por tomar esa medida ilegal”, recordó el funcionario sin dejar de considerar que “todavía falta mucho por hacer dentro de este reordenamiento”.

Respaldo a los gremios

Garrido había contado que hasta el momento son diez los agentes involucrados -no se descarta que surjan más-, que todos separados, que ya no tienen ninguna función y marcó que están todos nucleados en el mismo gremio, Ademus.

García Salado aclaró enfáticamente que ningún gremio protege a gente que cometa delitos: “si alguno comete un ilícito, lo dejan solo, ellos defienden los intereses de empleados afiliados, hablé con ellos y me lo ratificaron”, aseguró.

El funcionario también aclaró que, por lo general, los empleados de la Municipalidad están afiliados a dos o tres gremios y no solo a uno.