¿Cómo administra justicia la Iglesia Católica ante casos de abusos sexuales?
El presbítero Pinto y de Sancristóval Loyola es el vicario judicial de la arquidiócesis de Salta y explicó los procedimientos que se siguen.
“Un vicario judicial administra justicia en cada diócesis, en nombre del Obispo”, explicó el presbítero Pinto y de Sancristóval Loyola quien desarrolla esta función en la arquidiócesis de Salta.
Según el presbítero el 90% de los casos que solucionan se relacionan con nulidades matrimoniales. Las parejas se acercan al Arzobispado para que un tribunal evalúe y considere sui su matrimonio fue válido o no. “Se estudia cada caso, se analiza y se dictamina si fue nulo o no. En caso de que haya apelación se analiza con otro tribunal en Tucumán y recién, si no hay acuerdo en la sentencia, se analiza en el Vaticano”, explicó Loyola en Fm 89.9.
El resto de los casos, ese 10%, analiza delitos penales en la Iglesia. Esta institución se rige a través de un código de derecho canónico en donde se explicitan los procesos y penas que imparte la Iglesia Católica. Con respecto a los delitos sexuales contra menores de edad, la Iglesia establece que solo la Congregación de la Doctrina de la Fe, que se ubica en Roma, puede juzgar estos casos, debido a la gravedad de los mismos.
El 10 de octubre de 1966 la república Argentina firmó un Acuerdo con el Vaticano que tiene rango constitucional, como todo acuerdo internacional que firma nuestro país. Allí se explicita que el Estado argentino respetará el accionar de la Iglesia en su campo propio, apostólico y jurídico. Se reconocen las normas de los procesos canónicos que se refieren a delitos sexuales con menores.
Sobre el caso del sacerdote Lamas y el comunicador Juan Carlos García
A fines de septiembre se dieron a conocer unos audios sobre una acusación de abuso en la iglesia de Salta. Se trataba de hechos que sucedieron en 1992 en Rosario de Lerma cuando el Pbro. Emilio Raimundo Lamas abusó del joven monaguillo Juan Carlos García.
El caso salió a la luz porque, según García, no recibía respuestas de los avances de su causa en la justicia de la Iglesia Católica y solicitaba que la misma entregue a la Justicia del Estado provincial las pruebas y el expediente que se estaba analizando. La Iglesia instituyó un tribunal eclesiástico para analizar la supuesta admisión del crimen contra el menor por el sacerdote Lamas y, días más tarde, dieron a conocer la sentencia para juzgar al sacerdote Lamas por el abuso a Juan Carlos García.
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Al respecto, Loyola expresó: “La Santa Sede ordenó realizar un juicio que no ha terminado, es por esto cuando no pueden entregar las pruebas porque sería una falta jurídica grave a las garantías procesales. La sentencia no está firme porque hay una posibilidad de apelar hasta el 6 de noviembre. De todas maneras, quien determina qué hacer con las actas es el Tribunal Originario de la Doctrina de la Fe, por lo tanto las pruebas deberían pedirlas en la Santa Sede (Vaticano) al cardenal Ladaria”, concluyó.