Pautas, cotillón y asesoría económica: los motivos que desencadenaron la denuncia a la Cooperadora
La acción impulsada por legisladores provinciales fue caratulada en la Justicia como “Malversación de caudales públicos”.
El último viernes una acción penal sorprendió en la política salteña. El bloque de la Unión Cívica Radical acudió a la Justicia para denunciar a los titulares de la Cooperadora Asistencial por los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” y “asociación ilícita”.
La acción judicial surgió como consecuencia de un pedido de informe que la Cámara de Diputados solicitó al organismo municipal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La Justicia caratuló a la causa como “Malversación de caudales públicos”. La Fiscalía penal N° 5 quedó a cargo de la investigación.
La respuesta que enviaron desde la Cooperadora demuestra ciertas inconsistencias en el manejo de los recursos, que según establece la Ley 5.335, deben destinarse a la satisfacción de las “distintas necesidades prioritarias sanitarias y sociales de la población”.
En el escrito presentado por los legisladores se detalla que “las Facturas Nº 2560-0000005549 (a favor de M. E. J.), Nº 2560-0000005551 (a favor de R. O. B. Z.), Nº 2560-0000005574 (a favor de C. F. P.) y Nº 2560-0000005579 (a favor de R. G.) ”fueron abonadas por “difusión de actividad institucional en relación al mes de Junio de 2018, dando la impresión de que tales pagos se realizan de manera sistemática y mensual, resultando una posible pauta periodística encubierta”.
Las pruebas aportadas por el propio organismo demuestran que la factura Nº 2560-00005581 se corresponde con el pago por servicios de relevamiento de sistema informático de equipamiento en relación al mes de Julio/2018, por $20.000 al proveedor C. H. En este caso, hacen notar que la persona en cuestión convive con Laura Cartuccia, quien se desempeña como Directora de ANSES en Salta, y fue propuesta para ocupar dicho cargo por el Intendente de esta ciudad de Salta.
La denuncia penal lleva las firmas de Héctor Chibán, Mario Mimessi, Humberto Vázquez.
Otro caso que llamó la atención de la bancada radical fue la Factura Nº 2560-0000005585 que se emitió para la compra de artículos de librería y cotillón solicitados por la Señora vicepresidente de la Cooperadora Asistencial, Guadalupe Colque, para eventos de personas de bajos recursos por $5.118. “De lo expuesto, surge nítidamente que el pago de dicha factura se concretó de manera personal a favor de la vicedirectora de la institución; lo cual es una prueba tajante tendiente a demostrar la irregular administración de la Cooperadora Asistencial”, agrega la denuncia.
A esta lista de facturas se suma una más que corresponde con el arancel mensual por el mes de Julio/2018 con la Fundación Centro De Estudios en Finanzas, Inversiones y Managment (CEFIM). Según información suministrada por la Cooperadora, abona de manera mensual la suma de $45.000 “por asesoramiento económico general, estudios socio-económicos, control de gestión de programas y generación de informes periódicos”. “Advertimos que estos pagos mensuales no se condicen en absoluto con necesidades puntuales de la Cooperadora, y menos aún, con su objeto social”, enfatiza la denuncia.
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La plata en un plazo fijo
En 2016, por un pedido de informe del Concejo Deliberante de la ciudad se conoció que una parte de los fondos de la Cooperadora habían sido colocados en plazos fijos. Esto fue confirmado por el titular del organismo, Pablo Outes, en diálogo con LA GACETA.
El funcionario afirmó en ese entonces que la Cooperadora depositó alrededor de $8.000.000 en un plazo fijo, en el Banco Macro. El dinero, sostuvo, es el resultado de ahorros de la misma Cooperadora y de adelantos que recibieron del gobierno nacional y de la misma provincia. “A medida que se van ejecutando los programas se va retirando la plata. Se hizo el depósito del dinero a fines de preservar el valor, que se pierde con la inflación”, remarcó Outes.