Denuncian desalojo para dos familias de una comunidad de la Quebrada del Toro
Se reunieron al frente de la Legislatura y marcharon hacia Ciudad Judicial para solicitar que se revean los desalojos que, aducen, se realizaron por fuera de la Ley.
El pueblo de Tastil, conocido como la comunidad que habita Quebrada del Toro, está conformado por 13 comunidades originarias.
Según denunciaron representantes y miembros de la comunidad de Los Alisos, el 13 de noviembre desalojaron a la familia de Irene Martínez quien vive allí junto con su familia desde hace varias generaciones atrás.
“El Juez de Garantía Nº4 fue quien dio la orden indicando que le ´restituiría´ la vivienda a Ricardo Sola Usandivaras, porque entendía que Irene Martínez no formaba parte de la comunidad cuando si forma. Fue un error administrativo pero de todas maneras el juez le saca la casa a una persona de la comunidad y pone a una ajena”, dijo Dani Farfán, referente de las comunidades de la Quebrada.
Inmediatamente las comunidades se unieron contra la medida del Juez y armaron una carpa en señal de protesta sobre RN51 en el kilómetro 33. “Después del desalojo a Irene Martínez, desalojaron a Santos Colque por el mismo motivo. Solá Usandivaras dice que es administrador, ni siquiera propietario y así y todo le dan la razón”, dijo Farfán.
La protesta se visibilizó en la mañana de hoy cuando miembros de la comunidad fueron a hablar con senadores y diputados para que intercedan por las familias afectadas.
“Los conflictos vienen desde siempre”, aseguran los miembros de la comunidad en diálogo con LA GACETA. “Los juicios anteriores siempre salieron a favor de la comunidad. Esta misma persona desalojó hace años a otra familia y el juicio duró ocho años y luego pudo volver a su casa, era Amalia Torres la damnificada.
La comunidad se ampara en la Ley 26.160 que se promulgó en 2006 y declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.