Facturas truchas en la Municipalidad: para la Justicia provincial por ahora la causa la debe seguir el juez Bavio
La fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos aseguró que aceptar la investigación vulneraría el principio del ne bis in idem, al ser el mismo suceso delictivo, objeto de investigación en dos jurisdicciones diferentes.
Después de haber planteado su incompetencia parcial y solicitar el desdoblamiento de la causa, la Justicia Provincial le respondió al juez federal Julio Bavio. La fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán reintegró en devolución el oficio y resolución argumentando que el pronunciamiento del magistrado no se encuentra firme y consentido.
Guzmán agregó que en caso de que la investigación que el juez Bavio atribuye a la competencia local, quedara firme; correspondería que se remitiera la totalidad de los antecedentes al Juzgado de Garantías en turno de la justicia provincial. Ello, en razón de determinar el hecho y a los fines de resolver las cuestiones de competencia en razón de ese hecho determinado. El juez de Garantías, con vista al Ministerio Publico Fiscal, deberá acceder tanto a las actuaciones como a la documentación vinculada con la causa, para analizar si corresponde su intervención en el caso. Y dijo la Fiscal que “si bien el Fiscal es el encargado de promover la actuación en la justicia es el juez el que tiene el ejercicio de la jurisdicción, siendo improcedente la resolución por quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, resuelva por sí una cuestión propia de la jurisdicción”.
En su escrito al juez Bavio, la fiscal advirtió que “en caso de iniciarse la investigación por este Ministerio Fiscal, sin estar firme la sentencia que declara la incompetencia parcial emitida por Ud., se vulneraría el principio del ne bis in idem, al ser el mismo suceso delictivo, objeto de investigación en dos jurisdicciones diferentes”.
El último viernes, el fiscal federal Ricardo Toranzos apeló el planteo de incompetencia parcial que presentó Bavio. Con este documento, solicitó que la Justicia Federal siga adelante con la causa que involucra a la gestión de Gustavo Sáenz en la presunta infracción a la Ley 24769.
La investigación nació desde las oficinas de Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) donde se detectaron distintas maniobras fraudulentas en perjuicio de la Municipalidad de Salta; la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima” (Co. S.A. y Sa) y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia.
Si bien los delitos penales de fraude a la administración pública; negociaciones incompatibles con la función pública; cohecho, y violación de los deberes de funcionario público existen, el fiscal considera que están investigando una organización delictiva que con carácter estable que se conformó para la comisión de ilícitos fiscales, en donde utilizaron facturas apócrifas.
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