Con la ley de agricultura familiar buscan regularizar la posesión de tierras

Tras entrar en vigor la ley de Agricultura Familiar, publicada recientemente en el Boletín oficial, urge principalmente regularizar la propiedad de las tierras según los pequeños productores y campesinos de Salta. Así lo manifestó Gemán Arapa de La Poma, dirigente del Foro de la Agricultura Familiar en la provincia y representante de los Valles Calchaquíes.  

“Casi el 90 % de la tierra arable y productiva en La Poma por ejemplo está concentrada en cuatro fincas grandes, y el 10 % la tienen los pequeños productores. Son tres los productores grandes y casi cuarenta productores chicos. Esta situación se repite en todos los departamentos, todos tienen la misma problemática”, ejemplificó Arapa.

Tal como lo describió este integrante de una familia campesina pomeña, también lo detalló con mayor precisión el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (INTA- Región Noa), en su reciente estudio presentado el año pasado, basado en el censo nacional agropecuario de 2002.

Según este informe: sólo el 12% del total de la superficie productiva le corresponde a la agricultura familiar, la que representaba al 73% del total de productores en Salta. La mayor parte de la tierra (88%) pertenece a otro tipo de productores, al  27% del total provincial. Además reveló que existen alrededor de 10.297 explotaciones rurales, de las cuales poco menos de la mitad no tienen límites definidos. Por esta cifra se da a cuenta de la precaria situación en relación a la propiedad de la tierra en la que viven muchos productores.

“En el Chaco salteño se puede ver grandísimas extensiones de tierra que pertenecen a una sola persona. Así se va limitando a los pequeños productores a la marginalidad, es probable que la tierra no les pertenezca formalmente pero la vienen trabajando sus familias desde hace años y les es muy difícil regularizar esta situación dominial”, dijo Arapa.

Por esta problemática, los movimientos de campesinos de todo el país trabajaron por esta nueva ley. El dirigente agropecuario explicó que la normativa vuelve a declarar una emergencia en posesión de tierra a fin de regularizar esta situación. “Se crearán un registro nacional de tierra para ver en qué circunstancia están todos los productores y una comisión encargada de ver cuáles van a ser las vías para dar solución, tal vez en algunos se harán juicios sucesorios y en otros será expropiación de tierra”, señaló.

Además, esta legislación creará "el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar", que será financiado por medio de recursos provenientes del presupuesto nacional. Los cálculos apuntan a que el régimen sea financiado con 1500 millones de pesos, destinados a créditos y subsidios. Sobre este punto, Arapa aclaró que “esto responde a una lucha de hace años”

Familias agricultoras trabajan en su mayoría para el autoconsumo y a veces se venden en pueblos cercanos. “Pero hay que generar una herramienta para que los productores puedan comercializar legalmente, entren al mercado y mejoraren su calidad de vida”, subrayó.  

En Salta la mayoría de los campesinos trabajan de manera precaria y con herramientas obsoletas, según aquel informe del INTA. Por ejemplo, precisó el estudio, sólo un 11% del total de los pequeños productores del agro disponen de tractor, los cuales tiene una antigüedad mayor de 15ª años.

Arapa  también describió esta situación de precariedad dando a conocer las pocas chanques que tienen de llegar algunos con sus producciones ganaderas o caprinas. “Eso también se tiene que ver desde la ley, se tiene que garantizar mataderos en distintas zonas estratégicas para que los productores puedan faenar sus cabritos o vacas. Ya que no pueden llegar a la ciudad por cuestiones económicas y de distancia”, puntualizó.

Por último explicó que a través del apoyo económico que se busca brindar con esta ley, se podrá capacitar y dar herramientas a quienes cultivan frutas y hortalizas, quienes “muchas veces no pueden comercializarlas por una gran barrera fitosanitaria que no les permite ingresar sus producciones en zonas urbanas”