Para proteger los derechos de los presos, habrá un procurador penitenciario

Se creará la figura del procurador penitenciario, quien tendrá la función de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas o detenidas en establecimientos penitenciarios y de detención provinciales.

Así lo anunció el procurador general de Salta, Abel Cornejo, quien días atrás pidió al gobernador Gustavo Sáenz el traslado del penal de Villa las Rosas, dada la sobrepoblación que tiene y la cantidad de presos que hay por casos de microtráfico. Según la Dirección de Políticas Criminales de la Nación, en los últimos diez años la población penitenciaria de Salta creció un 90%.

Piden a Sáenz trasladar la cárcel de Villa las Rosas y suspender la ley de microtráfico

Cornejo dijo que el procurador penitenciario tendrá el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad. “El proyecto es el de constituir un órgano de control estricto de la actividad de la administración penitenciaria, a fin de garantizar que la ejecución de la pena se desarrolle en el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad”, ratificó.

Aseguró que el nivel de sobrepoblación en las cárceles “deriva en peligrosas condiciones de hacinamiento que inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia”.

Este nuevo funcionario penitenciario coordinaría un equipo multidisciplinario que evaluará detenciones domiciliarias o conmutación de penas a quienes hayan alcanzado la edad que establece la ley, hayan cumplido la mitad de la condena y reúnan las demás condiciones para obtener la libertad condicional; mujeres con hijos menores de 5 años, que hayan cumplido la mitad de la condena y otras situaciones especiales.

Cornejo insistió con el traslado del penal de Villa Las Rosas

A la conmutación no accederían los penados por delitos contra la integridad sexual y contra la administración pública o cometidos en ejercicio de la función pública. En tanto los penados por delitos cometidos en un contexto de violencia de género deberán acreditar el cumplimiento de todas las condiciones que le fueran impuestas, sin perjuicio de las que se impusieran como sustituto de la pena privativa de libertad a partir de la procedencia de la conmutación.

Este procurador también podría dictaminar qué detenidos están en condiciones legales de acceder a control electrónico a través de pulseras y otros dispositivos.