Inmuebles, autos y empleados: Qué dice el convenio firmado por la Cooperadora

El convenio que firmó el gobierno de la Provincia con la Municipalidad de Salta para destrabar el conflicto de la Cooperadora Asistencial estableció la continuidad de los programas asistenciales y garantizó la fuente laboral de más de 200 personas. Sin embargo, ese acuerdo también incluye la repartición de otros bienes que formaban parte de la Cooperadora.

A pesar que desde el 7 de octubre de 2017 se sabía que las cooperadoras dejarían de existir el 30 de noviembre de 2019 por la adhesión de la provincia a la Consenso Fiscal, a los gobiernos de Gustavo Sáenz y Bettina Romero les costó encontrar una solución a esta problemática que evidenció la mala relación entre ambos.

En el marco de las negociaciones, la Municipalidad de la Ciudad de Salta manifestó su voluntad de absorber 32 trabajadores para abocarse a la continuidad de los programas descentralizados que quedaron bajo la órbita municipal. La cantidad restante de trabajadores pasarán en el ámbito de la provincia.

A pesar de que el acuerdo establece que en la restructuración laboral deben mantenerse las mismas condiciones de empleo y remuneración a las vigentes para los empleados municipales que cumplen funciones similares, los trabajadores temen que esto se incumpla ante la falta de certezas e información.

Además de aclarar cómo será la distribución de los empleados, en el punto tercero del convenio se determina la transferencia a favor de la provincia el inmueble ubicado en calle Buenos Aires 693 de la ciudad de Salta y todos los bienes muebles (equipamientos tecnológicos e informáticos que se encuentran en dicho inmueble), excluyendo los entregados en comodato por el municipio. Por su parte, la Provincia prestará a la municipalidad los espacios destinados a la ejecución de los programas descentralizados en ejecución.

Foto LA GACETA

En el punto cuarto, el documento firmado por Ricardo Villada, Adriana Portal y Bernardo Racedo Aragón indica que la Cooperadora capitalina transferirá a favor de la administración provincial una veintena de vehículo, entre autos, camionetas, colectivos y camiones. Mientras que la Municipalidad se quedará con cinco automotores.

Visto bueno

Los concejales Santiago Alurralde y Jorge Altamirano celebraron la resolución del conflicto con la firma de este convenio “positivo” para garantizar los puestos laborales de los empleados.

En diálogo con LA GACETA, el dirigente del partido Ahora Patria hizo hincapié en las bondades del documento porque además de garantizar las fuentes de trabajo se seguirá ayudando a los vecinos más carenciados con la continuidad de los programas asistenciales.

Por su parte, Altamirano celebró la concreción de este acuerdo para brindarle “seguridad” laboral y económica a los empleados de la institución.