“El avance de la digitalización potencia la desigualdad”

Adaptación frente a los límites que impone la covid-19; tratamiento maduro de los problemas estructurales del país y transformación: estos podrían ser, a grandísimos rasgos, los pasos de la receta de aprovechamiento de la crisis que propone la politóloga Julia Pomares (1975, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), directora ejecutiva de Cippec. Su Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento no sólo es una de las organizaciones no gubernamentales de su tipo más reconocidas en el país y en el extranjero, sino también una de las que más insisten en la preparación colectiva del “mañana” a partir del conocimiento científico. Pomares cree que ese día después, en el caso de la pandemia, será más inequitativo como consecuencia del boom tecnológico. “El avance de la digitalización potencia la desigualdad”, dice en una entrevista telefónica en la que también opina que la Argentina no está cerca de convertirse en Venezuela, pero sí debe ocuparse de legitimar las instituciones democráticas, en especial, el Poder Judicial.

-¿Qué es lo mejor y lo peor que el coronavirus ha depositado en nuestro horizonte?

-Como todo momento de crisis, hay dos caminos: que sea una oportunidad, como dice la frase remanida, o que nos pase, como ya sucedió, que no haya punto de inflexión. Hay cosas que van a ocurrir con seguridad y muchas otras que dependerán de cómo reaccionemos. Es evidente que la pandemia aceleró y acelerará la tendencia a la digitalización. El año pasado fue el primero en el que el capital intangible que el mundo generó fue mayor que el físico. Cada vez más estamos en una economía de datos, de inteligencia artificial y de información, y esa digitalización llega a nuestras vidas personales y, también, a la política. El Congreso argentino hace unas semanas se unió a los otros 15 poderes legislativos del planeta que definieron que pueden hacer todos los pasos de aprobación de una ley de manera remota. Esto puede ser una oportunidad positiva si la sabemos aprovechar y vemos que hay mucho espacio en la Argentina porque había una gran demora en algunos aspectos, por ejemplo, cómo aprovechamos el teletrabajo. Pero también hay costados negativos que es que la desigualdad que ya estábamos viviendo entre los países y en el interior de la Argentina entre provincias, y sectores de la sociedad, mujeres-varones, jóvenes-adultos y entre diferentes niveles socioeconómicos, se va a potenciar. El miércoles, la economista Nora Lustig, en una reunión que tuvimos, advertía sobre este peligro porque, así como el teletrabajo amplía las posibilidades de la producción, si una compara el porcentaje que puede hacerlo en Tafí del Valle, en el gran San Miguel de Tucumán y en la Ciudad de Buenos Aires, encuentra que las diferencias son muy grandes. Tenemos que discutir, entonces, los peligros y oportunidades de la digitalización; anticiparnos a sus efectos negativos y definir las políticas para mitigarlos.

-¿Es optimista acerca de que la pandemia llevará a una reforma que modernice el trabajo?

-En general tiendo a ser siempre optimista, pero, si miramos lo que ha ocurrido en crisis anteriores, vemos que ha habido retrocesos enormes, sobre todo si miramos el crecimiento de la informalidad y el deterioro de la calidad. Quiero hacer referencia a un estudio reciente de dos investigadores de Cippec, Ramiro Albrieu y Megan Ballesty, que estimó que alrededor del 29% de los empleos son “teletrabajables”, pero que, además, dentro de esa proporción, que es bastante pequeña, hay una brecha grande entre lo que es “teletrabajable” y lo que efectivamente se “teletrabaja”. Entonces, para crecer allí hace falta infraestructura básica para la conectividad, además de la habilidad para el manejo de las herramientas tecnológicas.

-¿Cómo definiría la calidad institucional que existe en la Argentina en este momento?

-Efectivamente el paso que dio el Congreso argentino fue muy satisfactorio. Hay mucha discusión sobre los avances de los poderes ejecutivos durante los momentos de crisis, por lo tanto el rol de contralor del Poder Legislativo es fundamental. También es clave que el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) acuda al Congreso a rendir cuentas. Es necesario poner sobre la mesa que el Poder Judicial no ha dado la misma respuesta, aunque es cierto que tiene una organización con distintas ramas y que existen muchas diferencias incluso entre las provincias. Pero sí vemos que la Justicia puede hacer reformas y que las necesita por la legitimidad que demandan estos momentos. En las épocas de crisis, los ciudadanos esperan, miran y exigen mucho más del Estado, sobre todo de la Justicia, porque esta debe dar protección ante posibles desbordes de los otros poderes. Esto se vuelve muy relevante ahora en Tucumán por la muerte de una persona (Luis Espinoza) aparentemente en manos de la Policía durante un operativo. Esto, que es grave en sí mismo, demanda una respuesta más contundente y rápida en una situación de aislamiento, donde hay mayor sensibilidad.

-¿Puede especificar alguno de los cambios que hacen falta?

-Nos tendríamos que preocupar y ocupar por la capacidad de reacción estatal: ahí, por más esfuerzos que se hagan en una emergencia, se ven los déficits estructurales. La Argentina lleva muchos años sin darse una discusión profunda sobre cómo mejorar la calidad de la gestión estatal; cómo tener una burocracia estable y una alta dirección pública meritocrática que trascienda los ciclos políticos, y entiendo que es la hora de debatir sobre esto en todos los niveles, que es una cuestión que en las últimas décadas ha permanecido invisible.

-Algunos sectores temen que la Argentina esté convirtiéndose en Venezuela. ¿A usted que le sugiere ese miedo?

-No, de ninguna manera estamos cerca de Venezuela, un país que está pasando por una situación trágica desde hace años. Hay que ser muy cuidadosos con esas comparaciones, que lo que muchas veces hacen es llevarnos a la grieta, y quitarnos la posibilidad de tener discusiones profundas e informadas. En los contextos de emergencia aparece en Estados Unidos la frase rally ‘round the flag (“estar alrededor de la bandera”), que hace que las diferencias se limen o pasen a un segundo lugar cuando existe algo como una pandemia, y es lo que hemos visto en las primeras semanas. Y ahora, como es natural, ha resurgido la discusión más agrietada y de los extremos, pero la situación en la que está la Argentina requiere ponerse por encima de esa polarización, y pensar de manera concertada acerca de cómo vamos a hacer para que crezca la economía y descienda la pobreza. La coyuntura es lo suficientemente dramática como para que sus líderes conversen en forma madura.

-¿En qué medida el tratamiento de las causas de corrupción, y la mora y el descrédito judiciales son funcionales a las visiones extremistas?

-Los problemas de legitimidad que están presentes en muchas democracias deben ser atendidos. La tolerancia hacia la corrupción siempre disminuye cuando hay crisis económica. Imagino que el malhumor social con los corruptos va a subir, y que, por añadidura, el tema estará en la agenda pública. El Poder Judicial debe ser más efectivo para esclarecer este tipo de causas porque, de lo contrario, deteriora la legitimidad general del sistema. Las crisis tienen que servir para eso: para empujar reformas que en momentos corrientes son más difíciles de hacer.

-¿Qué opina sobre las tensiones entre la libertad y los derechos, y la cuarentena?

-La cuarentena más estricta está en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el resto de las provincias hay modificaciones acordes a la realidad del número de contagios. Es necesario priorizar los objetivos de acuerdo a los resultados sanitarios y epidemiológicos, que son buenos, pero tenemos que pensar cómo hacer para reducir los efectos económicos y sociales del aislamiento. En Cippec estamos trabajando para ayudar a analizar esos escenarios y cómo la Argentina aprovecha el día después para hacer las transformaciones profundas que tiene cajoneadas desde hace décadas.