Organismos de Derechos Humanos afirman que los abusos policiales son sistémicos

Representantes de organismos de Derechos Humanos cargaron otra vez contra el Decreto 255, ya convertido en Ley, por el cual el gobierno de Salta otorgó a la policía de Salta súperpoderes.

Señalan que, desde entonces, se profundizaron los abusos policiales.

El gobierno de Gustavo Sáenz ha consolidado un régimen represivo, otorgándole súperpoderes a la policía, a través del inconstitucional decreto 255 y poniendo al frente del ministerio de Seguridad al militar negacionista Juan Manuel Pulleiro”, dijo Marcela Gutiérrrez, de la organización Coca Gallardo.

Blanca Lescano, de la Comisión de familiares de detenidos-deasaparecidos enumeró que el gatillo fácil, las golpizas en dependencias policiales y en traslados y los allanamientos sin órden judicial se han vuelto lugares comunes en los últimos meses.

“En Salta se ha perfeccionado el métido y la policía dispara directo a la cara, como en Chile. Seis hombres perdieron un ojo, al ser disparados por la policía”, dijo Canela Álvarez, integrante de HIJOS.

Tras detallar más de ocho casos, que llegaron a la justicia, señalan que está claro que no hay hechos aislados, sino una política que sustenta el accionar policial.

Repudio desde Nación

El 2 de julio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ante la Justicia de la provincia una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo, ante las numerosas denuncias de abusos de la autoridad y excesos en el accionar policial de Salta.

El 6 de julio, la Delegada local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy, se reunió con el titular del Inadi, Gustavo Farquharson, para tratar de sumar voces y visibilizar los casos de abuso policial.

El titular del Inadi también sostuvo que hay un modus operandi de la policía local en el armado de causas de abuso, de resistencia a la autoridad. “Les inventan causas de agresión, los detienen porque no tienen barbijo, los golpean y les inventan causas, ese es el modo de funcionar de la policía que además es un modo estructural, no son casos aislados como dice el Ministro de Seguridad de la provincia”, enfatizó.

Pese a la intervención del gobierno nacional contra este decreto, ni la Corte de Justicia local, ni los legisladores (que dieron estatus de Ley al decreto) se pronunciaron sobre el pedido de derogar la iniciativa.

Sí hubo una reacción desde la Procuración. Con el nombramiento de una nueva fiscal, Verónica Simesen de Bielke, se reactivaron varias causas y casi dos decenas de efectivos fueron imputados por vejaciones y abuso de poder.

Casos testigos

A continuación detallamos cuáles son los casos testigos que llevó al gobierno nacional a presentar un amparo en la justicia de Salta.

29 de marzo. Andrea Analía del Valle Ruiz, Elías Alexander Castro, Jesús Ismael Ruiz, Delia del Carmen Fernández, Mabel Azucena Fernández y Rodrigo García estaban en el comedor-merendero “Carita Feliz” repartiendo la merienda a niños y niñas, cuando llegaron diez agentes de la policía provincial en cinco motos, sin identificarse y sin ningún diálogo previo, profiriendo insultos y agresiones verbales. En ese momento uno de los policías sacó un rebenque o un elemento de similares características, con el cual empezó a golpear a uno de los presentes. Mientras eso sucedía, una de las mujeres presentes empezó a sufrir convulsiones y se descompensó.

4 de abril. Una niña de seis años sufrió un disparo de bala de goma en un ojo durante un procedimiento. Los efectivos policiales estaban dispersando con balazos a un grupo de personas que tomaba alcohol y violaba la cuarentena.

5 de abril. En el Barrio Bancario, al observar a tres chicos reunidos en la puerta de un edificio, siete policías de la provincia ingresaron al inmueble por supuesta violación del ASPO, comenzaron a disparar y golpearon a una señora mayor que cayó al suelo. Los balazos policiales comenzaron afuera del edificio y continuaron en el interior, mientras los vecinos les advertían que había niños durmiendo.

19 de marzo. En el barrio Ciudad del Milagro, un joven se encontraba acompañando a su madre en la cola del banco, y, al ver que no se estaban respetando las medidas de distanciamiento social en la fila para adultos mayores, comunicó esta situación a los efectivos policiales que se encontraban cerca. Los policías desoyeron el reclamo diciendo que ellos “no son niñeros de nadie”. Posteriormente llegó un patrullero con tres agentes policiales, ante quienes el joven insistió en su reclamo. En ese momento se bajó del patrullero el comisario y le dijo: “no sabés con quién te estás metiendo”. Todo terminó en una acusación de violación de la cuarentena, el traslado del joven a la Comisaría Sexta y la amenaza e intimidación del comisario: “Esta es mi comisaría y hago lo que quiero, así que calladito”.

9 de abril. Una joven salía de trabajar con su familia y se dirigía hacia su domicilio en parque La Vega, cuando la detuvieron efectivos policiales para hacer el correspondiente control policial. Ante la solicitud del permiso de circulación, ella muestra en el celular en formato PDF el permiso. Sin embargo, el policía le deniega la posibilidad de seguir circulando y, mediante insultos le exige que detenga el vehículo al costado del camino y hace bajar a la joven y a su familia. Mediante amenazas e insultos tales como “vas a quedar detenida también negra de mierda", detuvieron a la joven y a su hija de 14 años. Las trasladaron en diferentes móviles policiales, a la joven, esposada. Luego de tenerlas detenidas unas horas en la comisaría, ambas fueron llevadas a la Alcaldía. Recién a la medianoche las dejaron en libertad. Durante el transcurso de ese día, el padre de la joven fue a la comisaría donde estaban detenidas y no le quisieron brindar ninguna información respecto el paradero de su hija y nieta.

14 de abril. Daniela Ruiz iba en su moto a la empresa de energía eléctrica a pagar la factura. Fue interceptada por tres policías que le pidieron el permiso de circulación. La joven les exhibió la factura pensando que era la acreditación necesaria para realizar el trámite. En ese instante le dijeron que se baje y que iban a secuestrar su moto. Una de las agentes le agarró la llave que estaba puesta y las demás la bajaron de la moto, agarrándola de los pelos y tomándola del cuello. Luego la subieron al móvil policial, donde le propinaron golpes en la cara y cuerpo e insultos. En la comisaría le hicieron firmar una cédula de notificación que decía que debe "abstenerse de realizar publicaciones por los medios de comunicación en contra de la institución policial”.

26 de abril. Silvana Lorena Gutiérrez fue a la casa de un amigo y de repente apareció la policía alegando que la moto de su amigo, que estaba estacionada en la puerta de la vivienda, era robada. Cuando salieron para mostrarles los papeles del vehículo, a ella la empujaron hacia la vereda y a su amigo le pegaron en la boca. A Gutiérrez la agarraron del cabello y la subieron a una camioneta de infantería, a la parte de atrás. En la camioneta, la agarraron nuevamente del cabello, la pusieron contra el piso, la golpearon, la presionaron y la dejaron sin respiración.

17 de mayo. José Adrián Mercado se encontraba con sus hijos pequeños en su casa, cuando un policía bajó de un móvil y sin dar ninguna explicación le pegó una patada al portón de ingreso de la humilde vivienda, destruyéndolo e ingresando a la casa sin orden de allanamiento. Entre dos lo sacaron de adentro de su casa a la calle. El hijo de 6 años, mirando todo lo que pasaba, comenzó a llorar. Luego de un forcejeo, el hombre logró volver a la casa, cuatro policías reingresaron a la vivienda y lo sacaron otra vez hasta la vereda, arrastrándolo media calle por el piso, golpeándolo. En total había 5 policías, 2 en la moto y 3 en el móvil. En ese trayecto, uno de los efectivos efectuó un disparo, a corta distancia, que impactó en la cara de Mercado, produciéndole la pérdida del ojo, generándole un daño irreversible, en tanto perdió la vista. Todo con la supuesta excusa de que los niños se encontraban jugando en la vereda.

7 de junio. Micaela Yanet García fue detenida en la puerta de su domicilio , en Barrio Puerto Argentina, por carecer de tapaboca. Al intentar detenerla, se desató una violencia policial desmedida mediante forcejeos, golpes, insultos y amenazas y la terminaron llevando desde el interior de su casa. García estuvo detenida hasta el día viernes 12 de junio y la policía adujo que los golpes que tenía en el rostro habían sido autos infringidos.

24 de mayo. Pablo Agustín Arroyo estaba volviendo a su casa cuando lo interceptó un móvil policial y lo acusaron de violar el ASPO. Según relató, fue golpeado por la policía, lo subieron al móvil policial, le sacaron una foto y lo pasearon torturándolo camino al hospital. Al llegar al hospital totalmente desfigurado, el médico le preguntó si los golpes eran recientes, a lo que él no respondió por temor, ya que había policías presentes. Lo volvieron a subir al móvil para trasladarlo a la comisaria 31.

6 de abril. Policías ingresaron violentamente a la vivienda de Pablo Javier Ramis mientras él, su esposa, su hermano y su hija dormían. Cuando se levantó, encontró a personal de la policía golpeando a un vecino en el comedor de su vivienda. Cuando el policía advirtió su presencia, sacó su arma apuntándolo y gritándoles “quédense quietos o los quemo”. Los esposaron a ambos arrodillándolos y los empezaron a golpear con la cachiporra por la espalda. Lo subieron al patrullero y un policía empezó a pegarle golpes de puños en el estómago y con la punta de la cachiporra.

27 de abril Eladio Víctor Placencia, de 72 años, iba en moto con su nieta cuando pasó cerca de un operativo de control en el marco del ASPO. Un policía lo persiguió, le pegó con una cachiporra en el brazo y lo hizo caer. El golpe le dañó el codo, por lo que estuvo con yeso y con fisioterapia.

9 de mayo Ricardo Emanuel Saldaño iba circulando en moto , cuando comenzó a seguirlo una patrulla policial. Sintió un golpe en el codo derecho producido por una cachiporra y luego continuaron con las agresiones en diferentes partes del cuerpo. Uno de los golpes que recibió fue en la frente, lo que le provocó un corte severo, perdiendo la consciencia y provocando que perdiera la estabilidad del vehículo, cayendo pesadamente al suelo junto a su primo, mientras los policías se dieron a fuga. Dos días después de haber denunciado el hecho, se presentó la policía rural en su domicilio, lo detuvieron y le propiciaron una golpiza para subirlo al patrullero. Cuando la familia acudió a la comisaría a preguntar por Saldaño, terminaron la madre y dos hermanas detenidas por violación del ASPO.

31 de mayo. Moisés y Pedro Albornoz salieron a comprar un sándwich a una cuadra de su casa. Se produjo una pelea callejera y acudió la policía con tres móviles. Los policías bajaron con sus armas y empezaron a golpearlos con palos y disparando, hiriendo a Moisés y echándole gas pimienta a Pedro para detenerlos y subirlos al móvil. Al escuchar los disparos, Brian Albornoz, de 16, salió de la casa y se lo llevaron a él también detenido sin ningún motivo. Según la denuncia, durante la detención fueron golpeados. A Moisés le habrían puesto una bolsa en la cabeza y subieron sobre su cuerpo saltando y golpeándolo hasta quitarle el conocimiento. A Brian lo habrían golpeado en el cuerpo y oído dejándolo sin poder escuchar. El menor de los hermanos aún sigue detenido.

2 de mayo. Julio Padilla estaba en la puerta de su casa conversando con un compañero cuando se detuvo un patrullero para pedirle los papeles. Al dárselos, se bajó el barbijo para hablar y los policías se abalanzaron sobre él, lo esposaron, le quitaron a su hijo de 3 años que tenía alzado, le tiraron gas pimienta y lo entraron a patear en el piso delante de sus tres hijos y su mujer. Luego, lo cargaron al móvil y le siguieron pegando y amenazando. Le patearon los testículos, le pisaron la cabeza con los dos pies y le pegaron en el estómago. Lo tuvieron girando durante más de 30 minutos, pese a que estaba a 5 minutos de la comisaría.