Según Cristina, no hay una reforma judicial

La vicepresidenta, Cristina Fernández, afirmó ayer que el país “todavía se debe una verdadera reforma judicial”, al advertir que el proyecto oficial que el Senado tratará mañana no tiene ese fin. A través de un texto titulado “¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia”, y publicado en sus redes sociales, la ex mandataria planteó que la iniciativa “crea nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país” y “comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera” porteña.

“A este proyecto que crea juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, se lo ha titulado erróneamente ‘Reforma Judicial’”, expresó Fernández y puntualizó que “haciendo honor a la precisión semántica que deben tener nuestras palabras, en el país en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales”. “La primera fue la que envié al Congreso siendo Presidenta en el año 2013 y que, votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios”, dijo. De esa manera, se refirió al proyecto de “Democratización de la Justicia” que, aprobado por el Congreso en abril de 2013, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en junio de ese año. “La segunda -prosiguió- fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia. Una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios”. “A algunos de estos últimos para despojarlos de sus empresas, y a otros para saldar cuestiones comerciales o hasta personales”, completó.

La “reforma de facto creó e impuso una mesa judicial en la órbita del Poder Ejecutivo, incorporó la llamada ‘Doctrina Irurzun’ por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, convirtió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el órgano directriz de la cuestión judicial”. Fernández señaló que “el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”.

“Sin embargo, la primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso”, subrayó. (Télam)