Caras y contracaras del Poder Judicial en Salta

Por lo general, nuestras percepciones nos llevan a poner en duda que las personas y las instituciones estatales tengan el rostro que dicen tener o pretenden imponer. En el teatro de la vida, y sobre todo de la pública, los “sesgos cognitivos” tienen un rol determinante para buscar una validación constante de la sociedad y asimismo para construir un personaje frente a ella. Pero ésta actitud social, termina enfrentada con barreras objetivas que cuando se plantan son difíciles de derribar.

El poder judicial de Salta, viene mostrando situaciones y ocultando otras, en función de lo que institucional y políticamente le resulta útil. Y cada cual atiende su juego como Antón Pirulero, por ello es muy curioso analizar las conductas que tienen desde los jueces de la Corte en su individualidad y como tribunal, pasando por los magistrados de las demás instancias, fiscales, asesores, funcionarios y empleados judiciales.

Lo que digo, es particularmente a colación, de que recientemente ha tomado estado público, la negativa injustificada de los miembros de la Corte de Justicia de Salta de publicar y en definitiva transparentar sus emolumentos. Casi nadie conoce con precisión cuál es el salario e ingresos complementarios que perciben los miembros del alto tribunal. Situación que repugna desde lo legal e institucional en virtud de que el acceso a la información pública es un derecho fundamental de los/as ciudadanos/as y en cuanto a lo ético o moral en razón de que las más altas autoridades garantes del sistema democrático, republicano y del estado de derecho debieran ser las primeras en dar el ejemplo con sus actos de gobierno. Lo curioso de ello, es que de persistir la negativa arbitraria y terca de la Corte, se prepara el terreno para un conflicto institucional y una mayor crisis de legitimidad del poder judicial. También es una incógnita, quien o quienes de los nueve jueces supremos se oponen a brindar ésta elemental información pública.

El juez Rodríguez Pipino, interviniente en el amparo promovido por la asociación civil Salta Transparente para que se informe públicamente sobre los sueldos del máximo tribunal, viene actuando de manera prudente e inteligente, generando instancias de diálogo y chances para que los supremos no profundicen una crisis institucional inevitable. Sin embargo, la tarea del juez no será sencilla, puesto que tendrá que ordenarles a sus jefes que cumplan con la publicidad de la información o caso contrario encontrar alguna excusa que deje la cuestión sin que se pueda continuar decidiendo en la instancia local, resignándose a una incertidumbre legal y fáctica.

Por otro lado, la Corte muestra a la sociedad una actitud ocultista que la desacredita y deslegitima, deja entrever un rostro hostil a los requerimientos sociales de transparencia y eficiencia, que se agregan a una ya existente colección de reproches como el de excesiva burocracia; demora en los procesos judiciales; limitado acceso al servicio de justicia especialmente de personas vulnerables; exenciones impositivas discriminatorias (ganancias). Circunstancialmente también la actual crisis socio sanitaria ha desenmascarado las deficiencias y falta de previsión en torno a la supuesta modernización y digitalización de los trámites y expedientes judiciales que la Corte de Justicia viene anunciando desde el año 2010, que lejos de demostrar una transformación tecnológica progresiva y sistemática ha evidenciado una desorientada e improlija implementación de parches virtuales.

Las máximas autoridades del poder judicial de Salta, han querido demostrar estar a la altura del contexto epidemiológico decretando una feria judicial extraordinaria desde el 28 de agosto al 16 de septiembre de 2020 – que se conecta directamente a unos días más de festividad religiosa-, con igual criterio al empleado de manera anticipada por el Ministerio Púbico Fiscal, la que no tiene ningún argumento más que el que ya conocemos, evitar el contagio de los empleados y público en general por asistencia a las oficinas. Como lo venimos diciendo, se muestra una cara de razonabilidad y de prevención, cuando en realidad se oculta y priva del servicio esencial de acceso a la justicia a un millón y medio de habitantes. Con tal, la comodidad de tener disponibles los sueldos en los primeros días del mes. Como diría la gente de a pié cuando se comenta esto, así cualquiera está de acuerdo con la feria judicial.

Para agregarle un condimento a ésta situación, en estos días un Juez de Cámara, solicitó a la Corte un extra o compensación porque su tribunal quedó afectado al trabajo durante la feria. Ese pedido por escrito, llamativamente se filtró públicamente en redes sociales y medios de comunicación. Lo que da la pauta, que el poder judicial con sus trapitos al sol muestra lo que le interesa. Sin otra salida más elegante que transparentar sus argumentos y sus ingresos, el juez Domínguez en una mezcla de sinceramiento obligado y repudio solapado hacia algún o algunos miembros de la Corte por tal filtración, pretendió justificar normativamente lo que el ciudadano común repudia éticamente, los privilegios de los miembros del poder judicial por cumplir sus tareas habituales en época de pandemia. En medio de sus explicaciones elocuentes se tentó con poner de relieve las desigualdades económicas y de poder en el seno del mismo sistema judicial y simultáneamente se autorretrató como un juez amparista que hizo lugar a más de 500 demandas contra el Instituto Provincial de Salud, por falta de cobertura a pacientes. Si bien se reconoce el prestigio y una trayectoria respetable del juez, al salirse de su vaina, ha transformado un conflicto institucional en uno político y creo que acertadamente porque pone en la palestra las inconsistencias del sistema judicial. Pero por otra parte, ha dejado en evidencia que podría seguir resolviendo miles de amparos en igual sentido y ello no lo convierte en héroe, ni menos aún le otorga el derecho de un sueldo o cargo mejor, puesto que en realidad lo que generan sus sentencias, a la par de proteger al afectado, es reproducir un escalón más de la burocracia estatal, al autoproclamarse como la última instancia para que el ciudadano/a goce de lo que por derecho ni siquiera debiera estar reclamando judicialmente. Una persona tiene que llegar al juez amparista para que gocen de las coberturas médicas que se supone debería gozar. Desde mi punto de vista esto es un autoengaño hasta que no se ordene judicialmente una reforma estructural del sistema de salud para que no sigan ocurriendo los rechazos y luego se establezcan sanciones económicas y denuncias penales para los funcionarios públicos incumplientes.

La Corte de Justicia de Salta, con sus Acordadas sorpresivas en fines de semana, ha delineado un rostro enigmático, improvisado e indolente. Desde que se dispuso la cuarentena por COVID-19 en marzo de éste año y bajo el argumento de la emergencia, ha legislado arbitrariamente en materia procesal, lo que es inconstitucional porque dicha facultad sólo es atribución del poder legislativo; ha dispuesto ferias judiciales extensas sin la suficiente fundamentación y sanitariamente ineficientes; no ha logrado en todo éste tiempo implementar un servicio de justicia informatizado y digitalizado para mitigar las restricciones de acceso físico a los expedientes y a las oficinas públicas; oculta y es reticente en brindar información pública como la digitalización y actualización de la jurisprudencia y la de sueldos o gastos. A ello se le suma una antigua maniobra, por ahora invisibilizada, de avanzar en la designación vitalicia de sus cargos.

Para desenmascarar públicamente éstas caras aparentes y ocultas del poder judicial, a la par de una necesaria reforma constitucional que diluya la concentración del poder en la Corte de Justicia, se necesita principalmente de una decidida actitud política de los representantes del pueblo para poner freno a las arbitrariedades y al nepotismo. Lo cual implica, sincerar los rostros del Estado, quitarles la hipocresía del falso consenso, modelarlos democráticamente y colocar sus miradas hacia los principios republicanos de gobierno. La sociedad se ha dado cuenta de ésta dramaturgia y la padece gravemente, pide a gritos un cambio en los personajes y en el guión, al ritmo de los abucheos y los tomates sobre el escenario, crece el clamor popular para que se baje el telón.

*Pedro Javier Arancibia

Abogado.

Especialista en Derecho Penal (Universidad Nacional de Córdoba)

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos (Universidad Autónoma de Madrid)

Magister en Políticas Públicas (Universidad de Salvador y Carlos III de Madrid)

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Para La Gaceta Salta