La Procuración critica el accionar de jueces, en el caso en que se acusa a un diputado de torturas

El diputado provincial de Rosario de la Frontera Gustavo Orozco fue acusado de vejaciones, privación ilegítima de la libertad y torturas.

Aunque los fiscales dieron por terminada la etapa de investigación y pidieron la elevación a juicio, el legislador sigue sin ser juzgado.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, observó algunas irregularidades en la forma en que se pospone este juicio y ahora le pidió a la Corte de Justicia de Salta que intervenga y determine la competencia del Juez de Garantías del Distrito Judicial del Sur-Circunscripción Anta, para que continúe el trámite del juicio contra Orozco y otros policías.

Advirtió que la falta de juzgamiento oportuno de hechos tan graves como los endilgados a los imputados, podría constituir una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y un incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Es que la causa caratulada “Orozco, Gustavo Orlando; Orellana, Víctor Hugo; Suárez, Andrés Fernando; Reynoso, Javier Sebastián; Coronel, Denis Arnaldo; Medina Rubén Darío, Díaz, Andrea Alejandra; Luna Víctor Alejandro y Pérez, Dardo Ezequiel, por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales llegó al Ministerio Público Fiscal, después de que se excusaran distintos magistrados y magistradas para llevar adelante el juicio, cuya fecha de inicio estaba fijada primero para el 27 de marzo y luego, para el 17 de junio pasado.

Al llegar las actuaciones, se habían excusado las magistradas y magistrados, Carolina Poma Salvadores; Héctor Sebastián Guzmán; Ada Guillermina Zunino e Ignacio Colombo.

El juez Antonio Germán Pastrana rechazó la excusación del Juez de Garantías del Distrito Judicial del Sur-Circunscripción Anta, Héctor Guzmán y remitió en devolución la causa, para que continúe su intervención, según lo dispuesto por el art. 57 del Código Procesal Penal.

Guzmán reiteró su postura y devolvió la causa a Pastrana. Pero Pastrana mantuvo su oposición a la excusación de Guzmán e invitó al magistrado a dirimir la cuestión ante la Corte de Justicia.

La causa estuvo yendo y viniendo por meses, hasta que finalmente, el juez Guzmán dispuso la elevación de las actuaciones a la Corte de Justicia, para que dirima la cuestión.

El procurador Abel Cornejo observó que “más allá del confuso y errático trámite que se imprimió a la causa… las sucesivas excusaciones, declaración de incompetencia, remisiones y devoluciones de las presentes actuaciones, demoraron injustificadamente el trámite de este proceso”, por lo que, “las cuestiones aquí suscitadas revisten una gravedad tal, que deben ser resueltas por la Corte, pese a que no se trata de un típico conflicto de competencia”.