A la clandestinidad no volvemos más

*Por Cecilia Canevari

Nuevamente comenzará la semana que viene el tratamiento sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso Nacional, luego de pasados dos años del aquel debate que agitó a la sociedad en su conjunto. En el 2018 hubo varios proyectos en el recinto parlamentario y el más importante era el que presentó la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Esta Campaña se conforma a partir de los Encuentros Nacionales de Mujeres en el año 2005, presentando en nueve oportunidades proyectos de ley. La presentación de marzo del 2018 habilitó por primera vez en la historia que el debate ingrese al recinto y se instale en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las escuelas, en los partidos políticos, en las universidades, en los hogares, las iglesias, en las calles. Entre abril y agosto se realizaron audiencias en las comisiones para escuchar a cerca de 800 expertos/as que presentaron sus argumentos a favor o en contra de la legalización. Se expusieron fundamentos jurídicos, filosóficos, éticos, médicos, sociales, religiosos, biológicos, de salud pública que dieron cuenta de posiciones polarizadas que posteriormente se trasladaron al recinto en extensas sesiones. Se aprueba en diputados, se rechaza en senadores. Nuevamente la Campaña presenta en mayo del 2019 un nuevo proyecto y recientemente el ejecutivo nacional presenta uno nuevo que en los aspectos sustanciales tienen bastantes coincidencias.

El lema de la Campaña es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” y perdura su vigencia como las tres políticas necesarias para garantizar el derecho a la autonomía sexual de las mujeres y personas con capacidad de gestar. También son la garantía de que los embarazos no intencionales se reduzcan al mínimo. Y sin embargo siguen existiendo resistencia para la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en muchos territorios de nuestro país, para el acceso a la anticoncepción, o la ligadura tubaria y vasectomía, que también son ley.

El aborto está tipificado como un crimen en el Código Penal desde el año 1921 y señala dos excepciones de no punibilidad: cuando la mujer ha sido víctima de una violación y cuando corre riesgo su vida o su salud. En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un Fallo (Fallo F.A.L.) que aporta claridad sobre estas excepciones. Por un lado que las mujeres tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo producto de una violación con su sola declaración jurada sin obligarlas a denunciar ante el poder judicial. Por el otro, que cuando se habla de salud se debe interpretar con la amplitud que la define la OMS, no solo como salud física sino también sicológica o social. De igual modo el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del Ministerio de Salud de la Nación deja en claro un marco de acción para los/as profesionales de la salud.

Porque estamos ante un problema de salud pública, y es evidente que el marco legal restrictivo no ha logrado disuadir a las mujeres para que no aborten, ya que las investigaciones estiman que en nuestro país se realizan entre 370.000 y 450.000 abortos en un año. Las guardias ginecobstétricas, los quirófanos, las camas de terapia intensiva o de internación se ocupan con mujeres o personas con capacidad de gestar que acuden por complicaciones de prácticas clandestinas que requieren de cuidados y tratamientos para recuperar su salud. Y algunas quedan con secuelas, mutiladas, o mueren porque acudieron tarde, muertas de miedo por el dilema de elegir entre la cárcel o su vida/ salud. Sin dudas la clandestinidad lo único que ha logrado es empujar a las mujeres pobres a poner en riesgo su vida o su salud. Porque sabemos que con dinero se resuelve un aborto en consultorios impecables. Entonces también es un tema de justicia social.

Hoy la práctica destinada a la interrupción de un embarazo en las primeras semanas se hace farmacológicamente, sin necesidad en la mayoría de los casos de prácticas invasivas o de complejidad técnica. El número de egresos hospitalarios por complicaciones del aborto se encuentra en una curva decreciente en los últimos años y una de las razones vinculadas a este descenso es el uso extendido del misoprostol y la difusión que ha tenido entre las feministas que en todo el país están organizadas en grupos denominados “Socorro Rosa” que brindan información y orientan de manera gratuita a las mujeres en el proceso de realizarse un aborto con altos resultados positivos. Esta es una expresión contundente de la sororidad entre mujeres con un impacto tanto personal como sanitario y político. Mientras las leyes las criminalizan, las mujeres se organizan para cuidarse.

Estos meses de aislamiento han puesto en evidencia de manera contundente que al interior de los hogares muchas mujeres, niñas, niños sufren violencia y abuso. El crecimiento de los abusos sexuales a menores duele, el crecimiento de la violencia y los femicidios indigna. No podemos soslayar que vivimos en sociedades patriarcales que son violentas, aunque también estamos asistiendo a una revolución de las mujeres, las personas de las diversidades y/o feministas que es decidida, constante, cambiante, autocrítica y pacífica, que ha comenzado su gestación hace décadas, confrontando a instituciones arraigadamente patriarcales (que en ocasiones son también corporaciones) como las iglesias, el campo de la política, la medicina o del derecho; y como ha sucedido una y otra vez en la historia, se ha encontrando con reacciones viscerales. Cada vez que las mujeres quieren avanzar un paso por sus derechos la respuesta es desmedida, y así fue para acceder a la educación superior, a los derechos laborales, al sufragio, a la patria potestad sobre nuestros/as hijos e hijas. Se repite la escena de que un grupo de varones ilustrados (y mas recientemente también algunas mujeres) delibera sobre nuestros destinos.

Parece evidente que se juega algo bien importante y significativo para el orden social en la subordinación femenina. Cuando las mujeres buscamos libertad algo tiembla, pero si se trata de la sexualidad el temblor viene acompañado de temor y se acrecienta. Toca los cimientos del patriarcado, porque sin dudas el sexo es un tesoro preciado. ¿Qué es lo que se juega allí? ¿Por qué el (los) patriarcado(s) ponen tanto esfuerzo en el control de la sexualidad femenina? ¿Qué dimensiones adquieren los vínculos entre el control de la sexualidad y las violencias patriarcales?

Y si bien el debate al que asistimos en la sociedad, se dirime alrededor de argumentos que se repiten por parte de los grupos antiderechos, y que apuntan al derecho a la vida del embrión o feto/a, se intenta soslayar la medularidad del control de la sexualidad femenina. La libertad sexual, el placer y la autonomía de las personas con capacidad de gestar -aún sin ser recurrentemente nombradas- considero que son en verdad claves en esta disputa.

Los grupos que se muestran a favor del aborto clandestino no han aportado propuestas para poder garantizar el cuidado de las dos vidas que tanto agitan como slogan efectivo en tanto emotividad, pero vacío en cuanto efectividades prácticas. Además queda clara la operación de los grupos conservadores y con vínculos religiosos que ejercen una enorme presión sobre los/as legisladores/as. Son grupos de una gran intolerancia y muy belicosos, que buscan imponer al conjunto de la sociedad su moral religiosa. La legalización del aborto no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, pero otorga garantías a quienes por diferentes razones, toman la decisión de hacerlo.

¡Será ley!

*Cecilia Canevari forma parte del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, Facultad de Humanidades, Ciencias sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero, CONICET.

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