Luego de cinco años la Comisión de Familiares acumula 176 causas impunes

Son 286 viernes marchando alrededor de Plaza 9 de Julio pidiendo justicia por cientos de causas impunes y por celeridad en jueces y fiscales. Las estadísticas de femicidios y siniestros fatales no paran de crecer a los que se suman desapariciones, lesiones y apremios ilegales. La Comisión de Familiares Contra la Impunidad de Salta cumple cinco años exponiendo las deficiencias del Poder Judicial de la provincia.

Hoy habrá una suelta de globos negros para dejar un mensaje a los magistrados: "Los jueces del Estado no están actuando", dice Raúl Córdoba, uno de los referentes de la Comisión. En estos años las historias fueron sumándose y engrosando una larga lista que une cada pedido en una misma consigna: justicia.

En solo dos años, las víctimas de homicidios se duplicaron. Mientras que en 2014 se lamentaban 51 casos, hoy son 100. Cinco femicidios ya se registraron en los ocho primeros meses de 2016. La implementación de la ley de Alcohol Cero pareciera haber sido en vano, teniendo en cuenta que las causas también se duplicaron: hace dos años, 24 familias sumaban sus historias a la Comisión; hoy ya son 48.

Los casos de mala praxis crecieron llamativamente de dos a 15 en los últimos 24 meses. A ellos se suman las desapariciones como las de María Cash, Marcela Mamaní, Noelia Rodríguez, Cintia Jurado y María Maidana. Aumentaron, también, las víctimas de apremios ilegales, muertes dudosas y lesiones graves.

Justicia lenta no es justicia

Desde la reforma del Código Procesal Penal de la provincia se ha reducido considerablemente el tiempo que transcurre entre los hechos y el inicio de los juicios, pero muchísimos salteños siguen esperando. 

"Sí, ha servido. Tenemos muchos casos que se resuelven, pero eso es para los casos que ingresaron dentro del nuevo Código", reconoce Raúl Córdoba resaltando un aspecto legal importante: el nuevo Código Procesal solo se aplica a los casos sucedidos después de su entrada en vigencia. A la vez que reclama: "antes de la reforma de la ley, nos habían prometido (jueces y fiscales) que no nos hiciéramos problema, que iban a investigar y condenar a todos. Pero los hechos, crímenes, accidentes, lesiones, apremios, que ocurrieron antes de la reforma están quedando en el olvido. Es una injusticia".

Familiares contra la Impunidad piden por una Justicia sin divisiones. A cinco años de su creación, solo el 8% de las causas llegaron a juicio.

"La culpa es del Ministerio Público Fiscal. Es quien hace la defensa y la acusación del imputado por un delito. Pero si el fiscal no tiene una buena oratoria, preparación o no se ha preocupado en buscar las pruebas suficientes, no se apresuró en el juicio oral y público, no habrá una resolución en el juicio. El único precio que se está pagando, y caro, es el de la vida de las víctimas", cuestionó Córdoba.

Sentencias que no conformaron

De los 17 casos que tuvieron un juicio, algunos escucharon fallos que no conformaron a los familiares de las víctimas. Entre ellos, el de Raúl Córdoba es un caso testigo: el 31 de octubre de 2014 la Sala V del Tribunal de Juicio condenó a Humberto Gabriel Morales -acusado de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo y lesiones culposas en el siniestro vial- a la pena de tres años de prisión condicional, por lo que no fue a prisión.  Los familiares de la víctima estallaron en la sala y no ocultaron su disconformidad por la pena establecida.

En otra de las causas de la Comisión, la Justicia condenó a prisión perpetua a Rodolfo Benjamín Suárez, imputado por homicidio doblemente calificado por premeditación y alevosía criminis causae en concurso ideal con robo contra Diego Armando Esper. En tanto, Cristian Jesús Morcillo Castillo, imputado en la misma causa por el delito de encubrimiento, fue absuelto del delito por aplicación del beneficio de la duda, lo que generó indignación en la familia de la víctima.

El 7 de julio de 2015, Yolanda Mamaní de 21 años, murió en el hospital San Bernardo luego de sufrir quemaduras en el 70% de su cuerpo. Ocho meses después, el fiscal que investigó la causa determinó que se trató de un accidente y archivó la causa.

Los triunfos de la Comisión

Uno de los fallos que significaron un logro en la lucha de la comisión fue el dictado en enero de 2016, cuando sentenciaron a 16 años de prisión al acusado de la muerte de Marcela Mamaní. Aunque el cuerpo de la mujer jamás fue hallado, los jueces consideraron que hubo pruebas suficientes para dictaminar que José Javier "Indio" Aramayo la mató.

La jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio condenó a Gustavo Adolfo Herrera Leañez a la pena de prisión perpetua, al encontrarlo autor material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y violencia de género, contra Gabriela Surita.

La justicia de Tartagal condenó a cadena perpetua a José Tomás Cortez, por el homicidio de la docente Evelia Murrilo, ocurrido en 2014. El acusado estaba imputado por los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego y violencia de género y también por el delito de amenaza con arma.

Hubo condena a 15 años de prisión efectiva a los dos jóvenes acusados por el homicidio de Florentino Gutiérrez, ocurrida en Julio de 2014 en el paraje El Rosal, a unos 90 km de Campo Quijano. Gabriel Erazo y Cristian Quipildor fueron condenados por un brutal hecho.

En la segunda sentencia por homicidio sin cuerpo de la víctima en la historia judicial de Salta, Aldo Vargas fue condenado a cadena perpetua y Carina Cardozo a 20 años de prisión por el crimen de Noelia Yohana Rodríguez, sucedido el 4 de mayo de 2014 y cuyo cuerpo jamás fue encontrado. 

El domingo 23 de noviembre de 2014, Rocío Herrera fue encontrada inconsciente, violada y cubierta con cal en un baldío de barrio Solidaridad. Por ese hecho, fue condenado su cuñado, Brian Emanuel Ávalos, a 15 años de prisión, en un juicio abreviado que permitió que las partes convengan la pena de común acuerdo.

Juan José del Valle y Carlos Plaza, los imputados por el homicidio de Gimena Álvarez en el canal de la Esteco, el 24 de diciembre de 2014, fueron condenados a prisión perpetua por femicidio en el primer proceso judicial de Argentina en el que se juzga con este agravante  al delito contra una víctima que realizó el cambio de identidad.