Abogadas de Miles llegaron a Salta para insistir en la inocencia de Barreto

El reclamo por la liberación de Diego Barreto, el referente salteño del partido Miles (liderado a nivel nacional por Luis D’elía) que está detenido hace un año acusado de exacciones ilegales mientras era el titular de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, sumó un nuevo capítulo.

Al pedido de sus abogados en Salta, se sumó en las últimas horas el de dos abogadas provenientes de Buenos Aires que representan legalmente al partido Miles. Ambas llegaron el lunes a Salta y se dirigieron a Ciudad Judicial para tener acceso directo al expediente y dialogar con los jueces.

En diálogo con LA GACETA dijeron que el juez a cargo de la causa, Ángel Longarte, no se los permitió alegando que estaba en manos del Tribunal para resolver un planteo de la defensa.

Rosana Mattarollo explicó que la causa esta para resolver por un planteo de la defensa de Barreto porque “supuestamente” se extravió la cédula que notificaba el inicio de la etapa del proceso en la que se podía ofrecer prueba y el plazo venció sin que la defensa haya ofrecido las suyas.

“Vinimos a interiorizarnos de la situación de Diego pero no nos dejan pese a que  deberían permitirnos acceder al resto del expediente, teniendo en cuenta que estamos con la madre de Barreto, que tiene derecho a acceder a él”, añadió.

Ante la imposibilidad de tener contacto con el expediente, ambas avisaron que protestarían ante la Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta. Horas más tarde fueron recibidas pero se toparon con que se rechazó la prórroga del plazo para ofrecer prueba.

Por su parte, la abogada Ana Mottino cuestionó los hechos sobre los que sostiene la causa, a los que pudo conocer gracias a las copias que les hicieron llegar desde Salta: “en toda la causa no existe el delito de exacciones ilegales, en primer lugar porque Diego no estaba en funciones en la fecha en la que, según las denuncias, se produjeron los delitos”, aduciendo que los mismos se habrían producido después de su renuncia.

“La figura que se le imputa exige que el funcionario denunciado esté en ejercicio de su función pública al momento de cometerse el delito, por eso decimos que Diego es un preso político por una aberración jurídica”, continuó la letrada.

Para Rosana Mattarollo, la detención de Barreto no se justifica porque no hay peligro de entorpecimiento de la investigación ya que la misma ya fue cerrada y concluida, y menos aún peligro de fuga. “Pedimos la excarcelación con todo tipo de cauciones y no se la concedieron”, agregó.

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“Hay una persecución al partido, una voluntad política de aniquilar al kirchnerismo en Salta; Miles es la única herramienta electoral que existe para contrarrestar a este Gobierno”, remarcó Mottino.

Detalles de a causa

La fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, fue quien estuvo a cargo de la investigación y concluyó que existió una asociación ilícita de la cual Diego Nicolás Barreto estaba a cargo de su jefatura ya que durante la parte de la época en la que la banda operó, ocupaba el cargo de Subsecretario de Tierra y Hábitat. 

La funcionaria del Ministerio Púbico se refirió a uno de los puntos esgrimidos por las abogadas: el hecho de que los sucesos habrían acontecido luego de la renuncia del imputado a su cargo.

Según la fiscalía, la actividad de la asociación se desarrolló por varios años, incluso después que Barreto renunció ya que pese a dejar el cargo se mantuvo en la estructura del área, íntimamente vinculado a la adjudicación de terrenos.

En términos jurídicos se le imputa los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (30 hechos) y exacciones ilegales simples (8 hechos), todo en concurso real y enrolado en carácter de jefe organizador de la asociación.