Estafa al Pami: el abogado de dos acusados dice que todo fue "un movimiento político"
El representante de los bioquímicos Bardi y Díaz desmintió las acusaciones, contó por qué considera nula la auditoría y dio su versión de la causa.
Mientras la Justicia Federal continúa investigando la presunta estafa millonaria contra el Pami, el abogado de dos de los seis sospechados sostuvo que la causa fue producto de una maniobra política tendiente a apartarlos de la Comisión Directiva de la Asociación Bioquímica de Salta.
Pablo Suárez Nelson representa legalmente a Enrique Bardi (ex presidente de la ABS) y a su esposa, Silvina Díaz, dos de los seis denunciados por la obra social de los jubilados.
En diálogo con LA GACETA afirmó que todo “fue un movimiento político” de la actual conducción, debido a que “no lo querían a Bardi en el medio por cuestiones personales y por eso inventaron irregularidades para correrlo del cargo, cosa que lograron pidiéndole licencia y ahora (Ricardo) Buttazzoni y su esposa manejan la Asociación”, señaló.
Con los resultados de la auditoría de la Asociación Bioquímica de Salta en mano, el Pami no solo presentó la denuncia en la Justicia Federal sino que también resolvió, el 23 de febrero, suspender a los seis profesionales del padrón de la obra social.
Casi un mes después, el 21 de marzo, los abogados Juan Casabella y Suárez Nelson solicitaron el levantamiento de la suspensión argumentando que la medida generaba a los profesionales un perjuicio económico “irreparable” ya que el 80% de su laboratorio presta servicios a los afiliados del Pami.
El eje central de la defensa de sus clientes fue el cuestionamiento a la auditoría. En su presentación sostuvieron que la suspensión se fundaba únicamente en “una auditoría que no se encuentra firme y es nula”.
“Hay un montón de presentaciones nuestras contra la auditoria que no fueron resueltas, le explicamos al Pami que la auditoría tenía sinnúmero de irregularidades y que no podían fundarse en ella para suspenderlos”, contó.
Suárez Nelson relató que la auditoría les pidió que presenten cierta documentación: “todo lo que se nos pidió lo presentamos y en lo que no había papeles fuimos a ver a los pacientes con un escribano público para preguntarles si los habían atendido y todos dijeron que sí y que recibieron los resultados”, indicó.
“La auditoria es nula, tiene irregularidades, no cumplió plazos y ni siquiera esta notificada a las partes”, disparó el letrado quien en su escrito dirigido a la obra social solicitando el levantamiento de las suspensiones adujo que la denuncia contra Díaz provino de un mismo empleado de la ABS, Sergio Omar Rija, quien es “Jefe de Facturación de la ABS”.
Para lograr el levantamiento de la suspensión de Bardi y Díaz, los abogados sostuvieron que suspenderlos era como penarlos sin el juicio previo fundado en ley anterior al hecho que exige la Constitución Nacional y que se estaba obviando el principio de inocencia, estado que no es destruido por una denuncia ni por una investigación judicial, sino únicamente por una sentencia condenatoria.
Ayer, la directora del Pami en Salta, Gladys Moisés, informó que se levantó la suspensión provisoria a cinco de los seis profesionales involucrados en la causa, entre ellos, Bardi y Díaz.
La denuncia contra Díaz
A Díaz se la acusa de haber cobrado una orden por un estudio realizado a una paciente fallecida pero su abogado explicó que “había orden traspapelada y la secretaria la presentó por error” y agregó que “el colegio avisó que la paciente estaba fallecida y la devolvió”.
“Eso pasa muchas veces pero lo usaron para crear esto”, sostuvo Suárez Nelson destacando que la ABS no respondió sus planteos y que ni siquiera tomó medidas como suspender a sus representados.
Las órdenes cuestionadas fueron solicitadas todas por un mismo médico, el también investigado Augusto Saúl Sasso con quien, según el abogado, Bardi y Díaz “solo compartían lugar físico en calle Alvarado” y que el médico solía derivarles pacientes pero que “no hay amistad ni relación personal” entre ellos.
Otra acusación indica que facturaron análisis cuyos laboratorios no tienen la capacidad física de realizar, según la auditoría. Al respecto, el letrado los defendió desmintiendo a la auditoría y diciendo que sí pueden realizarlos.
Sin noticias de la Justicia
“Me parece que raro que aún no hayamos recibido ninguna notificación de la Justicia, de ninguna imputación ni de nada”, comentó Suárez Nelson al tiempo que si bien aseguró que “no hay ninguna irregularidad por la que Bardi y Díaz puedan ser acusados en una causa federal”, reconoció que “por la trascendencia que tomó el caso puede ser que los imputen”.
El abogado consideró que será la Justicia quien analizará si lo existente es suficiente para imputarlos o suspenderlos pero que no tuvo contactos con el fiscal. “Solo sabemos lo que sale en los medios pero solo son averiguaciones preliminares”, concluyó.
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