Fuerte rechazo al proyecto para endurecer penas para la protesta social
Dirigentes salteños de distintos espacios políticos repudiaron la iniciativa del gobierno nacional para agravar las penas ante manifestaciones públicas.
Luego de conocerse la iniciativa del Gobierno que propone reformar el Código Penal para agravar las penas ante manifestaciones públicas de todo tipo y cortes de calle o rutas, que convertiría en ilegal la protesta social y a quienes participen de alguna, referentes de distintas fuerzas sociales, gremiales y políticas repudiaron el proyecto y cuestionaron al Ejecutivo nacional.
Quien se explayó al respecto, fue el diputado provincial y máximo referente del Partido Obrero, Claudio Del Plá, al sostener que “hay un giro represivo del macrismo, pero también de todos los gobernadores, incluso los kirchneristas, que buscan en la represión hacer pasar el brutal ajuste que cae sobre las espaldas de los trabajadores, quienes le están haciendo frente a ese ajuste”.
Del Plá dijo que en el caso de Salta “trajimos a la Cámara de Diputados lo que pasó con los quienes encabezan el sindicato que defiende los derechos de los trabajadores del Ingenio El Tabacal. La empresa lleva adelante una feroz persecución gremial. Ahora quieren agravarlo con la judicialización de la protesta social”.
El diputado insistió en que en la provincia “se está utilizando la judicialización de los dirigentes y la criminalización como ya pasó con los trabajadores de la UTA. Ahora quieren cerrar con leyes que agravan la persecución a quienes protestan”.
También se refirió al proyecto que presentó el diputado de Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo, en la Cámara baja nacional.
Al respecto, dijo que “Olmedo nunca trabajó y no sabe lo que es el derecho a huelga. En un sistema como este es el único recurso que le queda a los trabajadores”. Y agregó: “Hizo la fortuna con el Estado, como es el caso de Salta Forestal”.
Es “preocupante”
Por su parte, el dirigente de Barrios de Pie, Ignacio Palarik, aseguró que lo que plantea Cambiemos “es un proyecto que preocupa”. Para el dirigente, el Gobierno “en vez de hacer foco en endurecer penas, deberían ver cuál es el motivo por los cuales la gente sale a protestar a las calles. El deterioro económico es muy grande y se profundizó en los últimos meses”, dijo.
“Los índices que miden la pobreza y la indigencia empeoran de manera sideral. Se destruyen las fuentes de trabajo y eso perjudica a los trabajadores, a quienes lo les queda otra salida que salir a las calles, alimentando la conflictividad”.
Según Palarik, el Gobierno viene en “una escalada represiva. Eso se puede ver en la represión que sufrieron los docentes cuando intentaron instalar una carpa frente al Congreso, pasó con un comedor en la provincia de Buenos Aires, cuando adentro solo había pibes comiendo, con lo sucedido el día del paro nacional de la CGT. Son muchos los ejemplos que se pueden destacar que muestran el tono represivo del gobierno de Macri, es la estrategia que vienen ensayando”.
Y agregó: “El gobierno reconoce la emergencia social y que los indicadores son malos pero la respuesta no se transforma en políticas públicas que den respuestas a la gente”.
El dirigente consideró que en un escenario cada vez más difícil “ellos buscan estigmatizar a los dirigentes, buscan minimizar la protesta. Marzo fue muy contundente, en términos de movilización. Hubo una serie de sectores que eligieron la unidad para expresar el repudio. No pueden mirar para adelante. No hay un sector que busca desestabilizar. Lo que hay es una situación muy concreta, que es la falta de oportunidades que se va a agravando día a día”.
Una dictadura
Quien también repudió el proyecto del Gobierno nacional fue el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Juan Arroyo. Aseguró que actitudes como estas, le recuerdan a la dictadura. “Esto sucedía en esos tiempos; y hoy estamos en democracia. Los trabajadores tenemos derechos a salir a reclamar lo que creemos que no es justo”, resaltó.
“Mañana vamos a hacer un paro para repudiar lo que este gobierno propone con estas medidas y en contra de las políticas nacionales”.
Arroyo dijo que desde su gremio “repudiamos absolutamente y queremos que la gente tome conciencia de lo que está pasando. Son atropellos a la democracia”.
Rechazó las acusaciones que el Ejecutivo hizo al conjunto de los gremios, cuando asegura que quieren desestabilizar al gobierno de Macri. “Nosotros salimos a marchar, a reclamar, pero no a desestabilizar a ningún gobierno. Lo que nosotros queremos es que el Gobierno revea sus medidas que generan hambre en el conjunto de los trabajadores”.