¿De qué se acusa a Reynoso y a los otros imputados en la nueva causa?

Mientras espera que se defina la fecha de juicio en la causa por la que está procesado por beneficiar a detenidos por narcotráfico a cambio de bienes, el ex juez Federal Raúl Reynoso, sumó un nuevo procesamiento con orden de prisión preventiva. En esta nueva causa se lo vuelve a acusar de cobrar coimas por fallar de determinada manera y puede dividirse en tres sub causas.

Junto a Reynoso, a quien se le achacan cuatro hechos de concusión, cinco hechos de prevaricato, cohecho pasivo y falsedad ideológica y material de instrumento, fueron procesados los abogados María Elena Esper Duran, Arsenio Eladio “Yeyo” Gaona y Ramón Antonio Valor (también procesados en la primer causa). Estas personas están involucradas en la causa de irregular devolución de divisas secuestradas.

Otra sub causa es la de falsedad material e ideológica de una supuesta declaración indagatoria del presunto capo narco Delfín Reynaldo Castedo, están procesados ambos junto al ex abogado de Castedo, Luciano Ciscato y el empleado del Juzgado federal de Orán Miguel Ángel Saavedra, mientras que a la funcionaria del mismo Juzgado, Romina Carola Reynoso Sosa, se la sobreseyó por falta de mérito.

La tercera sub causa es la que señala que Reynoso, mediante acciones de amparos o medidas cautelares, ampliaba los cupos para exportación de harina y otras mercaderías que eran otorgados por Aduana, previo a exigir dádivas para proceder en tal sentido participando en la maniobra varios abogados.

El misterioso manejo de las divisas secuestradas

Los fiscales federales Eduardo José Villalba, a cargo de la Fiscalía N° 2 de Salta y Carlos Gonella, Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fueron quienes denunciaron la devolución de divisas secuestradas a cambio de un lucro indebido en los casos en que ese dinero ingresaba o egresaba ilegalmente por la frontera con Bolivia violando leyes como la 22.415 (Código Aduanero) y la ley 19.359 (Régimen Cambiario).

Los abogados y empleados judiciales fueron procesados por asumir un rol similar al que se les acusa en la primera causa: ser quienes formaban una asociación ilícita junto a Reynoso y acordaban y gestionaban el pago de coimas al ex magistrado.

En la investigación se analizaron más de 30 casos en los que Reynoso, además de devolver el objeto del delito sin tomar las medidas cautelares pertinentes, violó los más altos estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Como resultado de la investigación, concluyeron que en las 27 causas se secuestraron un total de $865.072, U$D507.056 y 54.030 pesos bolivianos; mientras que arbitrariamente se devolvieron $171.522 y U$S 111.600.

Lo que sorprendió a los fiscales y cuyo criterio fue compartido en su auto de procesamiento por el juez Federal, Julio Leonardo Bavio, es que en las diversas causas judiciales iniciadas en los años 2.013 y 2.014, Reynoso procesaba a los imputados como responsables del delito de contrabando de divisas, pero luego resolvía hacerles entrega de parte de las sumas incautadas, utilizando como argumentos el "estado procesal de la causa"; "el grave perjuicio de la privación de la suma de dinero secuestrada al imputado, atento a la depreciación monetaria fruto de la inflación que hoy afecta al sistema económico y financiero" y "teniendo muy en cuenta el principio de inocencia".

Los casos más salientes

De todos los casos revisados hay tres que más se destacan:

En la causa caratulada como "Wayar, Valeria Natalia y otros s/inf. Ley 19.359", se produjo el secuestro de U$S 211.100 y $ 77.800, disponiendo Reynoso la restitución de casi la totalidad de las sumas señaladas –U$S 190.000 y $66.000-, medida que adoptó, aún con anterioridad a recibirles declaración indagatoria a los encausados. La abogada de los imputados fue María Elena Esper.

En la causa caratulada "Maurente Baya, José s/Inf. Ley 19.359", se secuestró U$S 500.000 y $ 60.000 y se devolvió U$S 100.000. Ramón Antonio Valor fue el abogado defensor.

En la causa "Cruz Castro, Andrés s/lnf. Ley 22.415", se produjo el secuestro de U$S 100.000, disponiéndose la restitución de U$S 10.000, interviniendo como abogado Arsenio Eladio Gaona.

Sólo en estas tres causas se secuestró U$S 811.100 y $ 137.800 y se devolvió U$D 291.000 y 126.000, logrando la devolución de una suma de dinero casi idéntica a la totalidad del dinero devuelto en las otras 27 causas reseñadas en la presentación de los fiscales.

En las otras causas se secuestró: $2.368.172, U$S 1.327.556, 54.030 pesos bolivianos y 60.000 reales brasileños; mientras que se devolvió $1.505.932, U$S 412.000 y 60.000 reales bolivianos.

Los fiscales concluyeron que en todas las causas en las que intervino alguno de los abogados ahora procesados se obtuvo la devolución del dinero secuestrado, mientras que cuando en las actuaciones ejerció la defensa técnica un Defensor Oficial, no se obtuvo la devolución del dinero secuestrado, excepto en dos casos. Incluso, en determinadas causas los imputados fueron designando a diferentes abogados quienes solicitaban la devolución del dinero sin resultado positivo hasta que nombraban a algunos de los imputados, quienes obtenían la devolución de los efectos secuestrados.

Otra irregularidad detectada fue que en todas las causas en las que secuestraban pesos argentinos se disponía el depósito de la moneda en las cuentas que el Juzgado Federal de Orán tenía en el Banco Nación de la Argentina. Por el contrario, cuando el dinero secuestrado eran dólares, este se reservaba en el Juzgado, no encontrándose justificativo para dicho proceder. Además, en las causas en que se devolvió el dinero, se encontraban pendientes de contestación informes a la Unidad de Información Financiera y no obstante ello se entregó el efectivo.