Reclaman celeridad en los casos de trata de personas

Según un informe del Observatorio de Violencia contra la Mujer “Rosana Alderete” entre julio del 2015 y el mismo mes de 2016, seis casos de trata de personas obtuvieron sentencia.

La cifra no es representativa ya que, según explicó la presidenta del Organismo, Alfonsina Morales, “no quiere decir que la provincia tenga pocos casos o que hay una baja incidencia del delito sino que no se está llegando a todos los lugares donde debemos llegar”.

La investigación, realizada por el OVcM con datos aportados por la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal, la Fiscalía General de la Cámara de Apelaciones de Salta y el Juzgado Federal N°2, detalla que el tiempo promedio de investigación hasta llegar a juicio es de dos años mientras que las condenas a este delito oscilan entre los 10 y 12 años. “La trata de personas es un delito que está muy vinculado a la convivencia del Estado”, sentenció Morales en diálogo con LA GACETA.

Además, describe los rasgos de las víctimas de trata, enumera las dificultades que se presentan durante la investigación, entre otras cuestiones.

En primer lugar destaca que dos de los principales obstáculos que impiden agilizar el proceso de investigación son la escasa cantidad de personal policial que pertenece a la División Trata de Personas de la Policía y la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad para identificar las situaciones de aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.

Por otro lado, expresa que las falencias en materia de prevención son la oferta y demanda constante de servicios sexuales callejeros; la publicación de avisos clasificados que promueven la oferta o demanda sexual; la inexistencia de sanciones para el consumidor de servicios sexuales y la falta de control en las fronteras.

Cambio de mentalidad

Morales remarcó que existen dos grandes cuestiones para analizar en la trata de personas en Salta. La primera tiene que ver con el preconcepto de "prostitución" y el permiso informal sobre esta práctica.

“Existe una mentalidad que excede a las leyes y que tiene que cambiar especialmente en quienes nos tienen que proteger en el ámbito de la justicia y de la seguridad. Los controles municipales hacen vista gorda a un montón de situaciones que tienen que ver con la trata de personas pero que la toman desde un lugar muy de decisión personal hacia un oficio. Por ejemplo, cuando hablamos de menores de edad siempre se está frente al delito de explotación sexual o de abuso, y tenemos que seguir demostrando que son víctimas”, expresó la funcionaria.

Mujeres vulnerables

En este sentido, la referente del OVcM explicó que muchas veces se piensa que las víctimas son secuestradas y trasladadas dentro de camionetas cuando en realidad los proxenetas realizan un minucioso trabajo de inducción aprovechándose de su vulnerabilidad. “Si bien existen, son pocos los casos en los que se da el secuestro en las calles. La mayoría, en realidad, son engaños o indecisiones personales en función a su vulnerabilidad", agregó.

El segundo problema es la falta de contención a las víctimas. “Una vez que se detecta el caso, los dispositivos de asistencia no están pensados para que las víctimas salgan de la situación que las llevó a esa vulnerabilidad. El Estado sólo piensa en la primera instancia, es decir, durante el proceso legal, pero una vez que este termine ella vuelve a su lugar de origen sin muchas posibilidades de progreso individual. Ahí hay muchas fallas. El Estado no ayuda”, remarcó.

Desconocimiento del protocolo de denuncia

El informe también cuenta que ante la desaparición de una niña, niño y adolescente, sus familiares no saben que pueden llamar al 142 o denunciar en una fiscalía y que ante la desaparición de una mujer o un hombre desconocen que exista una posible situación de trata y por ende pueden recurrir a denunciar ante una Fiscalía Federal o llamar al 145.

“La trata es un delito federal y complejo. Obliga a que Municipio, provincia y nación estén comunicados para unificar criterios pero eso no siempre pasa”, especificó Morales, quien además consideró que ante la desaparición de una persona no hay que esperar 24 o 48 horas sino actuar de inmediato.

“Es importante que ante la denuncia, la policía no tome el caso como fuga de hogar o desconocimiento de paradero, sino que debe presuponer que puede ser que sea víctima de trata. Ahí se deben activar otras medidas de seguridad. Cada hora es importante y más estando en una provincia con límites fronterizos tan cercanos a otros países. Los Municipios cumplen en rol central que no están llevando adelante”, finalizó.