Insólito: Zapata y Olmedo no se ponen de acuerdo en cómo implementar la pena de muerte

La grieta no distingue y en las últimas horas se apoderó de Salta Somos Todos. La división ideológica no permite a sus principales referentes ponerse de acuerdo en cómo implementar la ley de Pena de Muerte para femicidas que prometen impulsar desde el Congreso Nacional. El diputado nacional Alfredo Olmedo impulsa la utilización de la silla eléctrica, mientras que el candidato de su partido Carlos Zapata se mostró a favor de la horca.

En una entrevista radial con Fm Aries, el legislador que aspira llegar al Congreso aseguró que esa manera de ajusticiar a las personas resulta “más natural”.

Pero los argumentos de Zapata también contemplaron la situación energética de la provincia. Un periódico local publicó una entrevista con Alfredo Olmedo, dónde el diputado sostuvo que su coequiper propone esta modalidad para implementar en todos los municipios, incluso en aquellos donde el servicio eléctrico es deficiente. “Por ejemplo, en Tartagal no hay luz y no los vas a poder ejecutar”, afirmó Olmedo.

Pese a que desde Salta Somos Todos impulsen este castigo, la pena de muerte no puede ser restablecida en el Derecho Penal argentino porque el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, que desde la Reforma de 1994 tiene jerarquía constitucional, impide ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte a delitos no contemplados con esa pena. Con esas normas, únicamente puede aplicarse la pena de muerte en el sistema jurídico argentino en los supuestos expresamente contemplados en el Código de Justicia Militar vigente para el personal de las Fuerzas Armadas.

Para que legalmente pudiera restablecerse esta pena sería necesario que el Estado Argentino denuncie el Pacto de San José de Costa Rica mediante el procedimiento contemplado en el mismo Pacto que por exigencia constitucional debe estar precedido por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso. Además sería necesaria una reforma constitucional, cuya necesidad debería ser votada también por los dos tercios del Congreso, para eliminar de la Constitución la jerarquía que hoy tienen los Tratados sobre Derechos Humanos enumerados en el artículo 75, inciso 22.