Stolbizer y Campagnoli pugnan por suceder a Gils Carbó

El macrismo superó ayer un escollo político en el Poder Judicial: la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, lideresa de la agrupación K “Justicia Legítima”, anunció su renuncia a partir del 31 de diciembre. De inmediato comenzó la danza de nombres para sustituir a la titular del Ministerio Público Fiscal: jueces, juristas, fiscales y hasta la ex candidata a senadora nacional por el massismo, Margarita Stolbizer forman parte de los potenciales sucesores.

“A esta altura de los acontecimientos, estoy persuadida que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, argumentó ayer la procuradora en el texto de su renuncia, publicado en el portal del Ministerio Público Fiscal y difundido luego en una conferencia de prensa por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

El Gobierno le había reclamado en diversas oportunidades que la kirchnerista diera un paso al costado. Contra ella avanzaba una investigación penal por presuntas irregularidades en la compra del edificio que actualmente es sede de la Procuración.

La sucesión

Entre los principales nombres para reemplazar a la funcionaria kirchnerista, suenan el jurista Alberto García Lema; los jueces Ricardo Recondo, Mariano Borinski y Gustavo Hornos; la diputada Stolbizer y los fiscales Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuán, Raúl Pleé, Carlos Rívolo y José María Campagnoli, candidato de la diputada nacional electa Elisa Carrió, según consigna Clarín.com. El procurador general de la Nación es designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de dos tercios de los miembros presentes del Senado. El apoyo del PJ resultará clave para la designación.

Campagnoli ejerce como fiscal desde 1993. Gils Carbó impulsó su destitución en 2013, por intentar investigar al empresario K Lázaro Báez. Fue suspendido durante siete meses hasta que en julio de 2014 fue restituido en su cargo. Carrió había afirmado en 2015 que quería que “el procurador general sea Campagnoli”.

Con 75 años, García Lema es impulsado como procurador general de la Nación por el peronismo y dejaría conformes al massismo y al kirchnerismo. Fue conjuez de la Corte Suprema y procurador del Tesoro.

Marijuán, titular de la Fiscalía Federal N° 9, también mantuvo disputas con Gils Carbó: lo removió en 2012 de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, aunque luego fue repuesto en ese cargo. Desde 2013 tiene a su cargo la investigación sobre lavado de dinero contra Báez.

Stolbizer -su mandato como diputada vence el 10 de diciembre-, es una de la principales denunciantes de la corrupción kirchnerista. Denunció a Cristina Fernández, en la causa Hotesur.

Cortocircuito desde 2015

La permanencia de Gils Carbó en el cargo de procuradora General de la Nación después del 10 de diciembre de 2015 viró de una áspera disputa política al plano judicial, al ser imputada y luego procesada en una causa por irregularidades en la compra de un edificio.

El 2 de diciembre de 2015, pocos días antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia de la Nación, el diputado Pablo Tonelli (PRO) declaraba que era una “decisión tomada” relevarla de su cargo mediante un decreto presidencial.

La decisión política de desplazar a la jefa del Ministerio Público Fiscal estuvo siempre presente, aunque la vía para lograr su apartamiento pronto se reveló más compleja: en ese diciembre de 2015, la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco señaló públicamente que el juicio político era “la única vía” para desplazar a Gils Carbó de su cargo.

Desde entonces, se sucedieron las exhortaciones gubernamentales para que la kirchnerista renunciara al cargo, alternadas con la búsqueda de otros caminos, entre ellos, un proyecto de 2016 para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y acotar la duración del mandato de su titular, variante que chocó con objeciones técnicas pero sobre todo con la terminante oposición Carrió.

Además de contar con el apoyo de los organismos de derechos humanos y del kirchnerismo, la posición de Gils Carbó se vio reforzada en diciembre de 2016, cuando el papa Francisco la recibió por más de una hora junto a sus pares de Bolivia y Uruguay.

Hubo un viraje a partir de marzo de este año: fue imputada en una causa por irregularidades en la compra de un edificio en la porteña Perón al 600, donde pasó a funcionar la jefatura de los fiscales. Garavano reiteró su pedido de renuncia a la funcionaria. “No combatió al delito y la corrupción”, argumentaba. La procuradora sostenía -a su vez- que con la causa por la compra del edificio se intentaba “crear una sospecha de corrupción” con el objetivo de justificar su “desplazamiento por modos ilegales e inconstitucionales”. El juez federal Julián Ercolini la procesó -junto a otras cuatro personas- el 12 de octubre por considerarla coautora del delito de administración fraudulenta en la compra del edificio por $44 millones, donde se pagaron comisiones de $3 millones al hermano del subdirector general del organismo. (Télam-DyN)

Las voces del alejamiento

Peña consideró que el nuevo procurador no debe ser militante.- “Celebramos su renuncia, creemos que es una contribución para fortalecer la independencia del Poder Judicial”, consideró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre la presentación de la renuncia de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El funcionario macrista aclaró que la postura del Gobierno al evaluar a su reemplazante será que “no” sea “alguien con militancia política sino reconocido por su trayectoria”. Consultado sobre la definición de la reemplazante de la Procuradora General, Peña afirmó que “no hay duda que no es una discusión sobre una persona”.

Garavano evitó sugerir aspirantes al cargo vacante.- “No evaluamos todavía al reemplazante, es prematuro, es una decisión del presidente que requiere de amplios consensos, de dos tercios del Senado”, explicó el ministro de Justicia, Germán Garavano. “(La dimisión de Gils Carbó) era efectivamente algo que el Gobierno había pedido y valoramos el paso al costado que ha dado la procuradora”, enfatizó el funcionario macrista.

Recalde defendió que los funcionarios tengan ideología.- El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, tildó la dimisión de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, como un “baldazo de agua fría”. “(La renuncia) era una crónica de un final anunciado, ella recibió mucho hostigamiento”. El titular de la bancada de diputados kirchneristas sostuvo que “muchos jueces están en Justicia Legítima (una agrupación de juristas con simpatías con el kirchnerismo), y fallan según derecho. Justicia legítima no es un partido político”, defendió. “Tener ideología está bueno, lo malo es que la vuelquen en actos judiciales. ¿Algún dictámen de ella fue contrario a derecho?”, defendió Recalde.

“Una buena noticia”.- “Es una buena noticia para el fortalecimiento de la Procuración General y para que la institución cumpla con el mandato constitucional de actuar en coordinación con las demás autoridades de la República, que hasta ahora no ocurría, sino todo lo contrario”, consideró el macrista Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La sucesión del cargo.- El nuevo titular del Ministerio Público Fiscal será designado por el Poder Ejecutivo nacional, deberá pasar por una audiencia pública y contar con el acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. El Ejecutivo enviará el pliego del candidato a ocupar el puesto solicitando el acuerdo de la Cámara alta y dentro de los dos días corridos la Secretaría Parlamentaria los dará a conocer por intermedio de la sala de periodistas de la Cámara, a fin de facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a “observar las calidades y méritos de las personas propuestas”, según reza en el reglamento del Senado. De acuerdo a lo establecido por la ley de Ministerio Público de 1998, el procurador “goza de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años”, mientras que aquellos que  alcancen esa edad quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo del Parlamento. Gils Carbó fue propuesta en junio de 2012 por el Poder Ejecutivo como Procuradora General de la Nación tras la renuncia de Esteban Righi y su pliego fue aprobado en agosto de 2012, con 63 votos a favor y sólo tres en contra.