Urtubey ofreció a Pamela Calletti como la nueva fiscal de Estado

Los resultados de las elecciones legislativas del 22 de octubre pasado obligaron al gobernador Juan Manuel Urtubey a mover algunas fichas. Aparecieron viejas y nuevas caras, pero algunas seguirán formando parte del gabinete provincial como es el caso de Pamela Calletti quien fue ofrecida por el mandatario como la próxima fiscal de Estado.

La noticia fue confirmada por la misma funcionaria a Fm Profesional que el martes 21 de noviembre dejará el cargo de ministra de Derechos Humanos y Justicia. Calletti es la única abogada de planta permanente de la Fiscalía y el resto de los profesionales no cuenta esa estabilidad. De esta manera volverá a desempeñarse como abogada, ahora en el cargo de Mónica Lionetto quien se desempeñaba en el cargo desde 2013 y renunció junto al resto de los funcionarios, el 23 de octubre. 

La propuesta del nuevo cargo para Calletti se enviará los próximos días a la Legislatura provincial y deberá ser aprobada hoy en el Senado en el marco de la nueva ley de Ministerios que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

El mismo Gobernador había anticipado que más allá de los cambios en el gabinete y la eliminación de dos ministerios y 11 secretarías, los funcionarios salientes podrían continuar dentro de la administración pública siendo reubicados en otras áreas. Tal será el caso de Calletti.

Las funciones del fiscal de Estado

Conforme a lo establecido en el artículo 149 de la Constitución de la Provincia de Salta, el Fiscal de Estado es el encargado de la defensa del patrimonio del Fisco. Es parte legítima en todos los juicios en que se afecten intereses y bienes de la Provincia.

Emite dictamen sobre las cuestiones que el Gobernador de la Provincia le requiera. Además, está legitimado para demandar la inconstitucionalidad y nulidad de toda ley, decreto, ordenanza, contrato, resolución o acto de cualquier autoridad de la Provincia que sean contrarios a las prescripciones de la Constitución. 

El Fiscal de Estado es nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y dura todo el periodo del Gobernador que lo designó o de su reemplazante legal, pudiendo ser designado nuevamente. Por último, debe reunir las mismas condiciones que los jueces de la Corte de Justicia y está sujeto a juicio político.Una ley orgánica regula sus funciones y competencias.