Violencia de género: más de la mitad de los municipios no está preparados para asistir a las víctimas

Lo reveló el informe anual del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, donde también se destaca la falta de fondos para ayudar a mujeres en situación de violencia.

28 Nov 2017
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“El 51% de los municipios no cuenta con áreas de la mujer”, revela el informe anual que el Observatorio de Violencia contra las Mujeres presentó la semana pasada. El monitoreo concluye además que faltan fondos destinados al abordaje y acompañamiento de mujeres en situación de violencia en el interior de la provincia. 

Para cumplir con el objetivo de monitorear el cumplimiento de las políticas públicas en materia de violencia de género en el interior de la provincia, el Observatorio contrató a facilitadoras que trabajaron desde seis municipios representativos: Rosario de Lerma, Morillo, Cafayate, Cachi, Aguaray y Joaquín V González.

El estudio se realizó durante ocho meses y su principal acción fue el relevamiento de una Guía de Recursos que tienen todas las víctimas de violencia en cada municipio y que según precisaron desde el Observatorio, se envió por mail a las 60 localidades.

La mayoría respondió a través de esa plataforma, sólo 11 todavía no contestaron. Algunas preguntas se complementaron con llamadas telefónicas o con entrevistas personales a cargo de las facilitadoras o de funcionarias del organismo. En total se analizaron 49 municipios.

El estudio revela que el 51% de los municipios no cuenta con áreas de la mujer y que el 10% está en proceso de constitución de las mismas. “En los municipios no hay ni recurso natural ni recurso humano que alcance. Las mujeres no cuentan con las herramientas que tienen las mujeres de la capital. No hay políticas públicas desde los municipios porque tienen la concepción de que el gasto es para la obra pública y no destinan recursos para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres”, explicó Tania Kiriaco, integrante del directorio del Observatorio.

Según el informe, el 59% de los municipios no posee un espacio físico apropiado para atender a las personas que sufren violencia de género. Además, solo el 30% tiene psicóloga y el 81% recibe asesoramiento de abogados o asistentes sociales pero de manera esporádica. “El número de profesionales que puede ofrecer asistencia es reducido. La mayoría cuenta con contratos precarios y una disponibilidad horaria semanal muy acotada que es insuficiente. En varios de los municipios relevados las/los profesionales asisten una o dos veces por semana, y entre cinco y ocho municipios tienen asistencia de profesionales una vez al mes”, detalla el informe.

Falta de fondos

Por otro lado, en relación a los recursos que existen para asistir a las mujeres en situación de violencia, el 86% de los municipios relevados cuenta con una cooperadora asistencial que articula, según lo monitoreado, con acción social, policía, hospital, área de la mujer y, en algunas localidades, con escuela, alguna ONG o iglesia. “La mayoría de las respuestas apuntan a que no hay fondo destinado exclusivamente a la problemática de violencia de género pero de todos modos brinda apoyo económico en la medida de lo posible”, se observa.

Respecto al acceso a la justicia, un total de ocho municipios cuentan con acceso a Fiscalía, Defensoría, Centro de mediación, Juez/a de paz y Juzgados de Violencia Familiar y de Género. En su mayoría, más de un 80%, solo acceden al Centro de Mediación y al Juez/a de Paz. Además, sólo 13 municipios cuentan con asesoramiento de parte del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia a través de abogados/as itinerantes. “27 respondieron que recibieron o no contestaron a esa pregunta”, enfatiza el estudio.

“Se tienen que brindar más recursos al interior de la provincia y también asistencia psicológica y legal a las mujeres para que ellas no tengan que venir a la capital a hacer su denuncia. En muchos municipios hay fiscalías pero no de género. Eso es una deuda pendiente. Para concretarlo se necesita voluntad política y que erradicar la violencia hacia las mujeres no sea un slogan sino que sea parte de la política pública de Salta”, concluye Kiriaco.

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