Proponen al estado estrategias para abordar la violencia de género

El Observatorio de Violencia contra la Mujer presentó al Ministerio Gobierno, Justicia y Derechos Humanos un documento detallando una serie de propuestas para abordar de forma integral el trabajo estatal contra la violencia de género. La propuesta involucra a varios ministerios e instituciones estatales.

La propuesta tiene dieciocho ejes dirigidos a las distintas carteras del ejecutivo, principalmente a los ministerios de Gobierno, Educación y Salud. Desde el Observatorio, se aconsejó difundir ampliamente la Ley Nacional Nº 26.485 de protección integral a las mujeres, haciendo especial énfasis en tipos y modalidades poco conocidas de violencias, como la violencia simbólica, patrimonial, sexual o la institucional.

A raíz de las investigaciones sobre la ruta crítica que transitan las mujeres víctimas de violencia, se hizo especial hincapié en la necesidad de seleccionar personal idóneo en las áreas de atención y asistencia y capacitarlo removiendo patrones culturales estereotipados hacia las mujeres a fin de evitar “miradas culpabilizantes o prejuiciosas que obstaculicen la exigibilidad de derechos de las personas a quienes desde las políticas del Estado se debe proteger”, aclararon desde el Observatorio.

El documento también instó a la articulación entre la Subsecretaría de Políticas de Género, el Consejo Provincial de Mujer y la Secretaría de Asuntos Municipales con los municipios a fin de coordinar recursos y acciones para la asistencia a las mujeres del interior provincial.

En relación al Ministerio de Salud, se solicitó aprobar el proyecto de protocolo único para la actuación frente a casos de violencia contra las mujeres, remitido el año pasado por el OVcM. Nuevamente se resaltó la necesidad de capacitar permanentemente al personal sobre violencia contra las mujeres, derechos humanos y perspectiva de género.

En la órbita de la cartera de Gobierno, se destacan las recomendaciones destinadas a asistir a las víctimas, resaltando la necesidad de lograr una mejor articulación entre los servicios que ofrece el Estado, como así también la urgencia de incorporar un sistema de medición de riesgo. También se recomendaron una serie de acciones destinadas a garantizar los Derechos Sexuales y Reproductivos y el Aborto No Punible, reconocido en el Art. 86, inc. 1° del Código Penal. Entre ellas: capacitación obligatoria a los efectores de salud, creación de un registro de profesionales objetores de conciencia, fortalecimiento de las Consejerías, habilitación de mecanismos para denunciar y sancionar a agentes estatales que incurran en violencia institucional.

Un punto fundamental son los delitos contra la integridad sexual. En este sentido, se solicitó poner en vigencia una Guía Intervención que coordine acciones entre instituciones: judiciales, de seguridad y de salud, priorizando a la víctima y su bienestar físico y emocional. También se instó a difundir periódicamente los contenidos de la Resolución 1683/12 del Programa Provincial de Profilaxis y el Protocolo para la Atención Integral de Víctimas de Violaciones Sexuales.

Finalmente el documento recomienda una serie de medidas destinadas al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Entre ellas, elaborar un Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, capacitar continuamente a los docentes sobre la temática y su abordaje educativo, garantizar la obligatoriedad del Taller de Educación Sexual Integral en todas las carreras de Formación Docente, desalentar las elecciones de la reina de los estudiantes y los concursos de belleza. Además enfatiza la incorporación de contenidos específicos sobre violencia contra las mujeres en los diseños curriculares de los distintos niveles educativos, estableciendo una comisión de actualización permanente.