Cuatro crímenes que conmocionaron la opinión pública de Salta serán juzgados antes de mitad de año
Entre perfiles psicópatas y violentos, los acusados aguardan las audiencias detenidos. Por primera vez en la historia judicial de la provincia se juzgará un crimen por envenenamiento.
El 2017 fue un año marcado por la violencia machista. Veintiuna mujeres fueron asesinadas. Los casos se duplicaron en relación a 2016 y ubicaron a Salta como la segunda provincia con más femicidios del país.
Leé más: El 2017 deja a la Justicia con juicios demorados y crímenes sin resolverDesentrañar sus tramas no fue una tarea para nada sencilla. Hallar los cuerpos, encontrar evidencias, identificar a los acusados y descifrar los perfiles psicópatas de algunos de ellos –quienes, además, durante la investigación se negaron a declarar y aportar datos- demandaron días, semanas y meses para esclarecer los crímenes.
Antes de mediados de año, los asesinatos de Paola Álvarez, Alejandra y Amir Párraga, María Subelza y Cintia Carmen Tapia serán juzgados. Fueron cometidos y planeados de maneras tan violentas como salvajes y hasta particulares por lo que conmocionaron a la opinión pública de Salta y del país. De hecho, por primera vez en la historia judicial de la provincia se juzgará un homicidio por envenenamiento, lo que será una causa testigo, sin precedentes.
¿Cómo avanzan las instancias previas al juicio y qué pruebas comprometen a los acusados? En diálogo con LA GACETA, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, contó detalles sobre las últimas novedades de cada uno de los casos.
Un perfil psicópata y el crimen de una joven mamá
El 30 de agosto de 2017 los investigadores encontraron sin vida a Paola Álvarez en la cornisa de la ruta nacional 9, en La caldera. La joven mamá estaba desaparecida hacía 104 días y su cuerpo fue arrojado, descartado, al acantilado.
El rastreo del celular del principal acusado, Santiago Zambrani, fue clave. Las antenas del lugar registraron que el novio de Paola había transitado por la ruta que une Salta con Jujuy, un lugar que conocía por su actividad como remisero. Zambrani había estado allí la noche del 5 de mayo.
Los instantes previos fueron registrados por las cámaras de seguridad del barrio Autódromo: mostraron que Paola fue a la casa del acusado, pero nunca salió. Sin embargo la camioneta VW Amarok blanca de la familia si lo hizo y en varias oportunidades esa noche. Los perros usados en la investigación encontraron rastros odolorógicos de la joven en el vehículo. El fiscal cree que la víctima fue descartada en ese lugar.
Santiago Zambrani dijo ser inocente y ante el fiscal Ramos Ossorio aseguró que esa noche Paola se retiró de su casa por sus propios medios. Sin embargo, su principal estrategia fue siempre permanecer en silencio, sin aportar mayores detalles que pudieran facilitar al esclarecimiento del caso. El magistrado aseguró que las pericias determinaron que se trata de una persona con perfil psicópata.
Durante la investigación, el padre y la madre del principal sospechoso también fueron detenidos y, si bien luego recuperaron la libertad, quedaron ligados al caso.
El magistrado aseguró que en las próximas horas solicitará la elevación a juicio del crimen de Paola Álvarez y en marzo podrían comenzar las audiencias de debate.
Un plan macabro y un caso sin precedentes en Salta
“De manera premeditada, en forma directa e intencional, y aprovechándose de la confianza que a la damnificada le inspiraba por la relación de noviazgo que ambos mantenían, Franco Gaspar Cinco le proporcionó a Alejandra la botella de plástico color violeta que contenía (de manera oculta) el compuesto químico letal (Potasio de Cianuro), veneno que el mismo preparó con la marcada intención de sesgar la vida del hijo de Alejandra, el pequeño Amir Alejandro Párraga, de apenas dos años de edad”, sostuvo el fiscal.
El 5 de junio, Alejandra y Amir Párraga murieron envenados con cianuro. La investigación determinó que ese día el acusado fue a la casa de la calle Gorriti al 800 a visitar a su novia con el fin de asesinar al hijo de esta. El niño padecía un resfrío y el acusado le dijo a su novia que le diera de tomar el agua bendita que tenía en una botella así el niño de dos años se sanaría. Sin embargo el menor sentía rechazo por Gaspar Cinco -según comentaron familiares de las víctimas a este medio- y se negó a beber. Su mamá lo convenció de hacerlo tomando primero el veneno para luego dárselo a él.
Pero antes del episodio final, el joven licenciado en ciencias de la comunicación, había intentado asesinar al hijo de su novia durante una tarde de distracción en el dique Cabra Corral. Allí habría intentado arrojarlo al vacío, pero el plan macabro no se concretó porque un hombre rescató al niño. Cuando Alejandra vio a su hijo, Gaspar Cinco le habría dicho que las heridas fueron producto de un descuido del propio niño.
Las pericias realizadas por la junta psiquiátrica del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) revelaron que Franco Rodrigo Gaspar Cinco comprendía y comprende la criminalidad de los actos que se le imputan. Los profesionales indicaron que Gaspar Cinco presenta personalidad psicopática con rasgos narcisistas. No presenta psicosis ni otro trastorno mental de relevancia que afecte su relación con la realidad. También se señala que pudo comprender la conducta desplegada o discernir actos socialmente reprochables, especialmente al momento del hecho que se investiga.
La Fiscalía elevó la causa a juicio solicitando que se designe fechas antes del fin del 2017. Sin embargo, desde la Sala 2 del Tribunal de Juicio –donde la causa se encuentra desde octubre- decidieron postergarla hasta 2018 por no disponer de fechas para diciembre. El juicio podría comenzar este mes de febrero que está iniciando.
“Nos interesa mucho que se realice el juicio en un corto plazo porque efectivamente la naturaleza y gravedad del hecho indican que será una causa testigo y la sentencia dará un mensaje a la sociedad sobre cómo responde la Justicia ante un hecho de esta naturaleza”, aseguró el fiscal.
Descontrol y muerte en un camping, en el Día de la Primavera
Los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante quedaron marcados a fuego el año pasado cuando Cintia Carmen Tapia fue asesinada en el camping El Préstamo de Coronel Moldes en medio de los festejos.
El 21 de septiembre de 2017 la joven mamá fue atacada por Ramón Ángel Chocobar, alias “Ramoncito”. La hipótesis de la investigación sostiene que esa noche el acusado tenía la intención de abusar sexualmente de la joven. Según testigos, la “cargoseó” todo el tiempo. Pero, ante la imposibilidad de consumar el delito, desplegó su intencionalidad homicida con alevosía, ya que ante la negativa de la mujer, la golpeó con una piedra que halló cerca de las carpas en una zona vital, actuando a traición, ya que la joven confiaba en su victimario porque lo conocía y había sido su pareja.
En relación a la calificación de femicidio, se refiere al acto de violencia de género perpetrado en función de la desigualdad física existente y a la vulnerabilidad de la mujer. El 5 de enero de este año se comunicó la solicitud de elevación a juicio del crimen y se espera que inicie a la brevedad.
Evitó que la abusaran y la asesinaron: el ADN en las trenzas de unas zapatillas fue clave
El sábado 27 de mayo, Marisa Gabriela Zubelza había salido de una fiesta en una casa de Villa Floresta. Caminó a la parada del colectivo se cruzó con un hombre a quien le preguntó cómo llegar hasta el lugar y fue engañada. El acusado la llevó a un descampado, que es usado como aguantadero de jóvenes para consumir drogas y alcohol, e intentó abusarla. La joven mamá se resistió y fue estrangulada con unos cordones de zapatillas. Luego, el femicida huyó. Los resultados de la autopsia determinaron que el cuerpo no presentaba signos de abuso sexual ni de violencia en la cara o el resto del cuerpo.
Las pistas llevaron a los investigadores hacia José Alberto Peralta, alias “Ñato”. Fue clave un careo al que se sometió al acusado cuando un testigo le dijo “hacete cargo”. Además, numerosos testimonios pusieron el acusado en la escena del crimen y de hecho el hombre habría manifestado luego del asesinato que se había “moqueado”. La evidencia más fuerte fue el hallazgo del ADN del acusado en los cordones usados para asesinar a la joven de 22 años.
En octubre del año pasado el Ministerio Público Fiscal comunicó el pedido de elevación a juicio y se espera que la fecha sea confirmada a la brevedad.