A semanas de cumplirse un año de que saliera a la luz la investigación que se había iniciado contra un grupo de médicos y bioquímicos de Salta sospechados de estafar al Pami por una suma millonaria a través de la emisión de órdenes de estudios médicos falsas, la Justicia procesó a cuatro de los imputados y dictó falta de mérito sobre dos de ellos.
El médico Augusto Saúl Sasso y los bioquímicos Osvaldo Miranda, Enrique Guillermo Bardi y Silvina Mariela Díaz fueron procesados por el delito de defraudación a la administración pública y se les trabó un embargo sobre sus bienes por la suma de $100.000 a cada uno de ellos.
El médico Víctor Canelada y la bioquímica María Elena Almendro fueron favorecidos con el dictado de falta de mérito sobre ellos, por decisión del juez jujeño -subrogante del juzgado Federal n° 2 de Salta- Mariano Wenceslao Cardozo.
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El delito por el que fueron procesados, según el artículo 174 inc. 5 del Código Penal argentino, está sancionado con la pena de prisión de dos a seis años.
La causa que dio a conocer LA GACETA fue investigada por el fiscal Federal Ricardo Rafael Toranzos, gracias a la denuncia formulada por Josefina Medrano de la Serna, coordinadora ejecutiva de la unidad de gestión local Nº 12 de Salta del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
El 25 de enero de 2017, la Asociación de Bioquímicos de Salta (ABS) presentó una auditoria llevada a cabo a los bioquímicos mencionados precedentemente, de la que surgieron innumerables anomalías en las órdenes médicas y análisis de laboratorio supuestamente realizados a afiliados del Pami. Tal auditoría fue ordenada en fecha 15 de noviembre de 2016 por la Comisión Directiva de la ABS y fue llevada a cabo entre el 16 de noviembre y el 26 de diciembre de aquél año.
La auditoría se efectuó a raíz de la denuncia efectuada por Marisa Ibarra -empleada de facturación de la ABS- en la que señaló que Osvaldo Miranda había presentado una orden de análisis de laboratorio de la paciente Justina Tala para ser facturada por la Asociación, aseverando que tal análisis bioquímico no había existido y lo sabía porque la paciente es su madre.
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Con la investigación, concluyó el fiscal que se facturaba y cobraba por medio del Pami estudios bioquímicos inexistentes e innecesarios, razón por la cual requirió instrucción por resultar estos hechos constitutivos del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública
Tanto Miranda como Bardi negaron las imputaciones y alegaron motivaciones políticas o gremiales en los actuales directivos de la Asociación Bioquímica de Salta, esgrimiendo que ambos pasaron por la presidencia de la institución, pero ninguno de los dos logra fundamentar seriamente tales supuestas motivaciones, según el juez.
El magistrado agregó que las supuestas motivaciones que tendrían contra Miranda los directivos de la ABS carecen de sustento y se muestran como meras maniobras defensivas inconsistentes. Miranda no ha podido explicar que Justina Tala, madre de la empleada de la ABS Marisa Ibarra, aparezca en la orden puesta al cobro como paciente atendida por él cuando en realidad tal práctica no existió.
El fallo considera que los procesados tampoco acompañaron sus defensas con documentación esclarecedora y que en sus indagatorias incurrieron en contradicciones.