La investigación por los presuntos casos de sicariato en Orán pasó a manos de la Justicia Federal luego que desde la provincia entiendan que son probables las vinculaciones con el narcotráfico, pero para el abogado del señalado como asesino a sueldo la medida es un “manotazo de ahogado”.

“Supimos que se cambió la competencia pero no nos dieron los fundamentos, pero es un manotazo de ahogado en la causa contra mi defendido porque no tiene ninguna vinculación con el homicidio ni mucho menos con el narcotráfico, que en principio, es la figura por la que se cambió de competencia provincial a federal”, indicó el abogado Federico Magno a LA GACETA.

El letrado adelantó que apenas sea notificado de la resolución, va a solicitar el sobreseimiento y liberación de José Martín Castillo, el tucumano detenido acusado del homicidio de Raúl Martínez -ultimado a balazos cuando descendió de su camioneta al llegar a un puesto de choripanes ubicado en pleno centro de Orán- y de la tentativa de homicidio de Adrián Ricardo Gerónimo –quien recibió cinco tiros y le esquivó a la muerte luego de ser atendido en el hospital San Vicente de Paúl-. 

Castillo está imputado por homicidio crimins causa y tentativa de homicidio criminis causa, respectivamente y está detenido en la cárcel de Villa Las Rosas, aunque Magno cree que puede ser trasladado en las próximas horas a una cárcel federal atento al cambio de jurisdicción de la causa.

“Mi cliente es inocente, no tiene ninguna vinculación con los hechos de muerte investigados”, aseveró el abogado y explicó que su cliente fue imputado porque una triangulación de teléfonos celulares ubicó el suyo a pocas cuadras del lugar en donde mataron a Martínez la noche del 7 de mayo de 2017.

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Según Magno aquello fue solo una casualidad: “estaba a tres o cuatro cuadras del lugar pero demostramos que mi cliente estaba en Orán para el cobro de dinero por la venta de un auto, lo que fue acreditado por un hombre y su hijo, quienes compraron el vehículo”, agregó.

La investigación indica que se activó el celular de Castillo en dos oportunidades y su abogado refirió a que la primera fue con el comprador del auto y la segunda, en una comunicación con número que tiene característica de Tucumán, que es del hijo del comprador.

Magno solicitó la ampliación de la indagatoria de Castillo porque el imputado desconocía de la triangulación de la antena de su celular y para que explique de dónde y quiénes son los números con los que se contactó. “No hay vínculos ni con coimputados ni con terceras personas, ni siquiera con allegados de la víctima”, afirmó.

¿Ajustes de cuenta por droga?

Dos ex socios que habían empezado a incursionar en la venta de las drogas -y que les "iba bien"- quisieron cada vez más ganancias, pero no tenían demasiado dinero para comprar la mercadería. Entonces empezaron a "mejicanear", es decir, a robar los cargamentos de la competencia. Y uno de ellos traicionó al otro, le robó y se declararon la guerra, con dos ataques que conmocionaron a Orán.

Las dos causas que se habían investigado de forma aislada comenzaban a relacionarse. Con las siete detenciones que se concretaron durante el fin de semana la Justicia busca desbaratar las bandas que se disputan el territorio en Orán. De la causa, se precisó que las personas que serán imputadas son "El Coya", "Cólera", y a ellos se suman tres personas más que fueron detenidas en la capital salteña y otras dos en Orán.

Por estos hechos están detenidos siete personas: Raúl Ricardo Rojas, Norberto Roque Mendoza, Enzo Javier Quiroga, Matías Francisco Sarmiento, Daniela Fernanda Liborio, José Martín Castillo y Alejandra Beatriz Núñez.

Rojas y Mendoza están imputados provisoriamente como partícipes necesarios, mientras que Quiroga, Sarmiento y Liborio están provisoriamente imputados por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria y por el número de participantes y agravado por la utilización de arma de fuego en perjuicio de Adrián Jerónimo.

Rojas y Castillo a su vez están provisoriamente imputados por el delito de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria y por el uso de arma de fuego en perjuicio de Raúl Fernando Martínez, en tanto que Palavecino y Núñez están provisoriamente imputados como partícipes necesarios del delito de homicidio calificado por promesa remuneratoria y por el uso de arma de fuego.

El juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi, tomó la decisión de pasar la causa a la Justicia Federal luego de asegurar que no puede descartar que los hechos investigados en la justicia provincial hubieran ocurrido “dentro de un mismo accionar delictivo de una organización ilícita dedicada a la venta de estupefacientes, por lo que entiendo que deben investigarse en este fuero de excepción”.