Parece que ningún juez quiere hacerse cargo de la causa conocida como la de “los sicarios de Orán” que investiga un crimen y un intento de homicidio cometidos en la localidad norteña, presuntamente, a manos de asesinos a sueldo.
Es que a la decisión de la Justicia provincial de remitir la causa al fuero federal por sus probables nexos con el narcotráfico le siguió la reciente determinación del juez federal de Orán, Gustavo Montoya, de declinar su competencia entendiendo que no había elementos suficientes para relacionar las muertes con la droga.
De este modo, ambos fueron no se ponen de acuerdo y, en este momento, no hay juez dispuesto a continuar con la causa, mientras hay personas privadas de su libertad como es el caso de José Martín Castillo, el tucumano detenido acusado del homicidio de Raúl Martínez.
Según su abogado, Federico Magno, la determinación de la competencia será directamente resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación per cuestionó la pérdida de tiempo: “lo lamentable es la demora, esto sucede porque la Justicia provincial no quiere soltar a mi defendido y que quede en evidencia lo pésima que ha sido la investigación”, dijo en diálogo con LA GACETA.
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A principios de marzo, la Justicia provincial había considerado probable que el homicidio ocurrido en Orán en mayo de 2017 y que derivó en una pesada causa que investiga la contratación de sicarios para cometer asesinatos tenga que ver con ajustes de cuentas por narcotráfico y la envió al fuero federal.
El juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi, tomó esa decisión luego de asegurar que no puede descartar que los hechos investigados en la justicia provincial hubieran ocurrido “dentro de un mismo accionar delictivo de una organización ilícita dedicada a la venta de estupefacientes, por lo que entiendo que deben investigarse en este fuero de excepción”.
La sospecha que siempre existió en la causa es que dos ex socios que habían empezado a incursionar en la venta de las drogas -y que les "iba bien"- quisieron cada vez más ganancias, pero no tenían demasiado dinero para comprar la mercadería. Entonces empezaron a "mejicanear", es decir, a robar los cargamentos de la competencia. Y uno de ellos traicionó al otro, le robó y se declararon la guerra, con dos ataques que conmocionaron a Orán.
Sin embargo, la Justicia Federal de Orán descartó que haya indicios suficientes para sostener esa hipótesis de modo que solo se tratarían de homicidios y tentativas ordinarias que deberían ser investigados por la Justicia provincial.
Para evitar mayores dilaciones, en lugar de que el asunto se siga discutiendo por instancias superiores de cada fuero como serían el Tribunal de Impugnación y la Cámara Federal de Apelaciones, la cuestión de a quién compete juzgar el caso será resuelta directamente por la Corte Suprema.