El juicio contra Gabriel “Chirete” Herrera por el femicidio de Andrea Neri en el penal de Villa Las Rosas llega a su fin. Hoy será la presentación de alegatos y al final de la jornada está previsto que el Tribunal dicte sentencia.

Aunque la culpabilidad de Herrera, siendo un asesino confeso, no exige más análisis, tanto la querella como la Fiscalía buscará determinar la responsabilidad de los cinco guardiacárceles imputados por el hecho.

Luciano Romano, abogado de la familia Neri, aseguró que a lo largo del debate se pudo demostrar grandes falencias en el régimen penitenciario del penal de Villa Las Rosas.

“No solamente se demostraron falencias a nivel reglamentario: se ha develado que dentro del penal hay cuchillos, herramientas, celulares, drogas. Eso, quiero creer yo, va llevar a una modificación de la reglamentación y de los controles”, indicó.

En lo que respecta a las normativas que rigen dentro del penal, Romano aclaró que existe un vacío respecto a esto y aclaró que los testigos e imputados siempre hablaron de “costumbres” por sobre normas.

“En sus declaraciones los imputados manifestaron que siguieron un procedimiento ya establecido. Que no hubo incumplimiento de su parte para que sean imputados”, concluyó.

El fiscal Pablo Rivero, a lo largo del debate hizo hincapié en quiénes eran los responsables de autorizar las visitas privadas; quiénes tenían el control de las herramientas, cuchillos y cuáles eran las permitidas. Además indagó sobre cuál era el reglamento o normativa con el que se regían los agentes del Servicio Penitenciario a la hora de proceder. En este sentido el representante del Ministerio Público aseguró que “quedó acreditado que era un descontrol” todo lo que respecta al tema de armas.

Rivero aclaró que a los imputados Juan Carlos Gutiérrez, Fernando Daniel Velázquez Fernández, José Luis Ávalos y Héctor Augusto Franco están requeridos por el artículo 249, los cuales pueden tener penas de multa e inhabilitación, “al momento de los alegatos voy a meritar los márgenes”. En cuanto a Nelson Alexander Cardozo, acusado de abandono de persona seguido de muerte, aseguró que le pesa una figura que lleva pena privativa de la libertad.

Una cuestión de costumbres

Marcelo Arancibia, defensor de Franco y Cardozo, manifestó que “los imputados han podido realizar un constitucional derecho de ejercer su defensa material y expusieron cronológicamente lo relacionado al hecho, a sus funciones, deberes y fundamentalmente se determinó, como ya lo hicieron jefe actuales, que existía un código de costumbres que eran respetados como la ley misma”.

El letrado aseguró que existe “una laguna” en lo que respecta a normativas dentro del penal y en el proceder de los penitenciarios.

“El Fiscal por más énfasis que ponga, dicho con el mayor respeto, no va a poder lograr revertir que lo que no está prohibido, está permitido. No hay una ley o un reglamento claro”, indicó.

Por último dijo que “se necesitan de profundas reformas desde el punto de vista Ejecutivo y Legislativo. Se deben dictar normas que sean altamente determinantes, no opcionales”, sentenció.

Por su parte, Arnaldo Damián Estrada -abogado de Velázquez, Gutiérrez y Ávalos- se mostró confiado en la resolución del juicio argumentando que sus defendidos “han sido demasiado claro en la función que cumplieron”.

Al igual que Arancibia, Estrada hizo hincapié en el vacío que existe respecto a las normativas del penal y también adujó una cuestión de “costumbre”.

“Los usos y costumbres siempre han sido fuente del derecho y no se las puede desconocer. Quieren de algún modo responsabilizar al Estado, pero para esto necesitamos tener como veinte imputados más, había jefes y gente que intervino”, aseguró el letrado.

Por último apuntó contra el Ministerio Público Fiscal y dijo: “Yo creo que el fiscal, Pablo Rivero, va a estar débil en sus argumentos por lo que pude escuchar hasta ahora y con las preguntas que hace”.