Un estudio publicado ayer por la Auditoría General de la Provincia cuestiona la organización y los mecanismos de control del Instituto Provincial de la Vivienda, durante los períodos 2012 y 2013, es decir antes de la intervención actual.

El informe destaca que el IPV no ha implementado un sistema de archivo y guarda de la documentación; además, que no cuenta con manuales de procedimientos, ni manuales de misiones y funciones actualizados.

Obras controladas

El estudio eligió al azar más de 30 obras realizadas en ese período, aunque no todas pudieron ser editadas por falta de documentación. Se detalla, sin embargo, algunas observaciones concretas. Por ejemplo, en la Nº 1.450, los auditores señalaron que “no se encuentran actuaciones respecto al atraso de cinco años para el inicio de la obra”.

Sobre la obra Nº 1.742 se detalla que se presentaron dos oferentes, adjudicando a la empresa A y desestimando a la empresa B por precio vil. Ya adjudicada a A., se incorpora al expediente un acta de constatación ante escribano público sin la presencia de funcionario del I.P.V., del Gerente de Obra ni del Inspector de Obra y esta acta solo es rubricada por el asesor jurídico del IPV y por un agente de Aguas del Norte.

“En esta acta se deja constancia de una falta grave imputable a la empresa adjudicada, en el proceso licitatorio bajo análisis, por la no ejecución de una obra de infraestructura anterior en la que también intervino la empresa A. El asesor jurídico elevó esta acta por él rubricada al Gerente de obra para que determine responsabilidades, entendiendo que lo constatado es una falta grave y solicita evaluar esta situación en la obra que se analiza. Sin constancia de haber dado la oportunidad al descargo o a la defensa, y sin haber llegado a sancionar a la empresa, la Comisión Evaluadora reconsidera lo determinado y cambia el sentido de la adjudicación”, dice el informe.

En cuanto a la obra Nº 1819-A se critica que hubo contratación directa por una obra de $5.646.000.

Consideraciones finales

En las conclusiones del informe, los auditores aconsejan a las autoridades del IPV modificaciones estructurales. Asimismo menciona que se considera oportuno, debido a que no se encuentra dentro de los objetivos de este trabajo, la realización de auditorías a los municipios que hayan tenido convenios con el Instituto Provincial de la Vivienda.