La polémica idea del concejal Alberto Castillo que propuso la creación de “casas de citas” para que el Estado regule el ejercicio de la prostitución derivó en un intenso debate en el Concejo Deliberante con la presencia de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, la joven tucumana desaparecida en 2002 víctima de una red de trata.

El debate involucró las voces de todos los sectores, desde Trimarco y su fundación hasta concejales, referentes de la comunidad LGBT, funcionarios provinciales y vecinos de las zonas en donde hoy se ejerce la prostitución en plena calle.

Los crudos relatos de aquellos que conocen la prostitución y el sufrimiento de las mujeres y trans que la ejercen conmovió a los presentes y logró que se llegue a un acuerdo generalizado: no deben existir las “casas de citas” y el Estado no debe regular la prostitución.

“Cambié totalmente la manera de ver las cosas, por lo que han manifestado las personas que realmente tienen conocimiento y trayectoria, regular la prostitución no sería el camino adecuado”, reconoció el propio Castillo a LA GACETA.

Susana Trimarco calificó de constructivo al debate y contó que vino porque es parte de su lucha “explicarle cómo son las cosas a los que no entienden”. La mujer contó que conocen de cerca miles de historias de chicas que van a su fundación y cuentan su sufrimiento.

“La prostitución no es un trabajo digno, ninguna mujer elige ser prostituta”, afirmó y lamentó que la policía no persiga al cliente y al proxeneta que explota sexualmente a otras personas.

Según Trimarco, el Estado no tiene que regular la prostitución sino que la mirada debe apuntar a brindarles oportunidades a esas mujeres, capacitándolas, educándolas, enseñándoles oficios y dándoles trabajo para que la prostitución no sea una alternativa.

También apuntó la responsabilidad hacia los hombres: “Todo depende de los hombres, mientras sigan consumiendo prostitución habrá más trata, más abusos, más menores víctimas, tenemos casos de nenas y nenes de 13 años víctimas de esto”, señaló y cargó también contra la corrupción política, judicial y policial como causa de la existencia de redes de trata de explotación sexual y laboral pese a que constantemente se aporten datos y pruebas.

“Estos 16 años de lucha veo que fueron muy constructivos porque pese a que no recuperé a mi hija, se creó una ley de trata, se rescataron chicas que volvieron con sus familias, se han creado oficinas especializadas dentro del Estado y en fuerzas nacionales y provinciales, se visibilizó el delito y hay programas de asistencia a víctimas”, celebró en diálogo con este medio.

“El Estado nos condena a la marginación y a la prostitución”

Una de las personas que tomó la palabra para llevar el reclamo de su sector fue Mary Robles, referente de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta). Consideró que el Estado ya debería tener las respuestas a esta problemática después de más de 10 años que lleva adelante la lucha por el sector que representa.

“El Estado nos condena a la marginación y a la prostitución porque tenemos que pagar la luz y comer, por eso primero hay que hablar de inclusión, de igualdad de oportunidades y recién después analizar si realmente hay personas que prefieran trabajar en la calle”, indicó a LA GACETA.

No solo apuntó al ámbito público sino también al privado, en el que asegura que cuando buscan trabajo la respuesta siempre es negativa, razón por la que exigen un cupo que les garantice trabajo y que sean elegidas por su capacidad.

Mary Robles coincidió en que no es la solución que el Estado intervenga en regular el ejercicio de la prostitución porque solo implicaría trasladar el problema a otro lugar.

El miedo de los vecinos

Definiéndose también como víctimas de este asunto, A. M. se llegó hasta el Concejo Deliberante para contar el drama que viven los vecinos. La mujer vive cerca del Hogar Escuela hace 26 años y relató que le duele ver a menores a plena luz del día siendo explotadas.

“Lo denunciamos muchas veces porque vemos siempre a los hombres que las explotan pero la Policía está atada de pies y manos con la legislación vigente, solo pueden llegar y hacer que se vayan pero no hay una solución de fondo”, indicó.

Contó con desagrado que suele ver gente teniendo sexo en la vía pública, autos costosos con personas teniendo relaciones adentro cuando sale a caminar temprano por las mañanas, mientras sus propiedades se desvalorizan y sienten miedo porque circula la droga y se ven movimientos extraños.

“Los cafisos son siempre los mismos, tengo muchas fotos, los veo siempre y la fiscalía me hizo llevar un pen drive al CIF”, recordó al contar que por ello fue amenazada de muerte, que le rompieron vidrios y que le tocan el timbre a mitad de la noche.

La mujer dijo estar convencida de que existen “otras cosas de fondo que nadie quiere mover ni revolver” vinculadas a la connivencia política y policial que hace que los vecinos también sean víctimas del abandono del Estado.

Las voces del Estado

El concejal Alberto Castillo enfatizó que pese a haber cambiado de opinión, mantiene su postura de que el Estado se tiene que hacer cargo del tema controlando con la policía los lugares denunciados como sitios en donde funcionan casas de citas o existe trata de personas.

Coincidió en que deben trabajar en políticas activas de inclusión y capacitación como así también en el proyecto presentado sobre el establecimiento de un cupo trans en la Municipalidad para dos personas, pero con la idea de superar barreras culturales y se generen auténticas condiciones de igualdad para cualquier trabajo.

Lo mismo debe suceder, agregó Castillo, en el ámbito privado para que sea más abierto y tolerante en las contrataciones.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Federico Uldry, afirmó que no se van a crear “casas de citas” ni prostíbulos y que ese era su deseo porque sabe que fomenta la trata de personas y la venta de drogas.