Se trata de una cláusula que se incluyó en los canjes de la deuda externa de 2005 y 2010, a partir de la cual se prohíbe pagarle a los holdouts (fondos buitre) con mejores condiciones que a los bonistas que negociaron con la Argentina y sufrieron quitas de hasta el 70%.

La cláusula RUFO –iniciales de Rights Upon Future Offers- impedía a la Argentina mejorar ofertas a sus acreedores respecto a las que accedieron quienes aceptaron los canjes anteriores hasta la finalización del 2014.

Desde el 1 de enero quedó sin efecto y generó la posibilidad al Gobierno nacional de intentar, ofreciendo mejores condiciones, la reanudación de las negociaciones con los holdouts que tienen fallos favorables en la justicia de Estados Unidos.

Esta cláusula se hubiese disparado si la Argentina decidía pagarle más a los holdouts que no accedieron a los canjes anteriores, dado que “representaría una injusticia”, según el Gobierno, para quienes sí aceptaron los términos planteados en 2005 y 2010.