La demora que existía a la hora de sacar o renovar la licencia de tránsito no obedecía, exclusivamente, a un sistema obsoleto y burocrático sino también a una estrategia montada por un grupo de agentes con el fin de cobrar coimas para agilizar los trámites.

El negocio recaudaba decenas de miles de pesos por día a través de un aceitado procedimiento y la causa investiga la responsabilidad de los contribuyentes que pagaron la coima y de autoridades de la dependencia municipal.

Una investigación interna, surgida a raíz de la interminable cantidad de reclamos recibidos, advirtió la situación y derivó en la necesidad de iniciar una exhaustiva auditoría y en el envío de las actuaciones al Ministerio Público.

“Llegamos a Tránsito con muchos problemas en el otorgamiento de licencias, era muy trabado y había muchos reclamos por las demoras y la mala atención”, contó el subsecretario de Tránsito, Juan Carlos Garrido, en Radio 10, donde explicó que por eso comenzaron a investigar el circuito interno de otorgamiento de licencias.

La instalación de cámaras de seguridad fue uno de los primeros pasos para controlar cómo se trabajaba al momento de tomar las evaluaciones teóricas y las prácticas, donde aparecieron las primeras irregularidades.

La demora no era casual, eran trabas que perseguían el fin de colmar la paciencia de los contribuyentes, generando así las condiciones ideales para pedir coimas para agilizar los trámites.

“Encontramos muchas irregularidades en los formularios presentados por los contribuyentes, como exámenes prácticos no realizados o trámites de licencias fuera de sistema, es decir, que se entregaban carnets truchos porque no estaban asentados en el sistema”, detalló.

Un sistema aceitado

Según el funcionario que fue nombrado al frente de Tránsito en 2015 por el intendente Gustavo Sáenz, el trámite de una licencia demoraba unos 15 o 20 días. “La gente se quejaba con razón”, consideró en "Buena Mañana".

“Encontramos una estructura bien consolidada, como una asociación ilícita con todo organizado desde los gestores en la vía pública, los administrativos e instructores prácticos”

Pero la demora no era casual, ya que eran trabas, como las de obligar a las personas a rendir los exámenes en días distintos alegando que los papeles no estaban listos, que perseguían el fin de colmar la paciencia de los contribuyentes, generando así las condiciones ideales para pedir coimas para agilizar los trámites.

JUAN CARLOS GARRIDO

En el canchón de la avenida Artigas, donde se toman los exámenes prácticos de manejo, la falta de control era alevosa. Con el pago de sumas de dinero se conseguía la firma del agente sin siquiera arrancar el vehículo. “Ibas a la Artigas y siempre había poca gente para rendir”, señaló Garrido al afirmar que ahora siempre hay una fila de 40 personas y los instructores están sobrecargados de trabajo.

El cálculo surge por denuncias de personas que dijeron que les han pedido coimas de 4.000 pesos pero en promedio se habrían cobrado montos de entre 2.000 y 3.000 pesos.

“Encontramos una estructura bien consolidada, como una asociación ilícita con todo organizado desde los gestores en la vía pública, los administrativos e instructores prácticos”, agregó.

Importantes sumas de dinero

Si bien la investigación lleva pocos meses, Garrido estimó que los movimientos de dinero eran muy importantes. El cálculo surge por denuncias de personas que dijeron que les han pedido coimas de 4.000 pesos pero en promedio se habrían cobrado montos de entre 2.000 y 3.000 pesos.

Contribuyentes que pagaron coimas y ex autoridades de la Subsecretaría también serán investigados.

Como la pesquisa debe caminar hacia atrás en el tiempo y es una incógnita hasta cuándo se remontará, es imposible hacer un cálculo único de la cifra recaudada, pero el funcionario indicó que obtenían decenas de miles de pesos por día.

Agentes separados y la lupa sobre contribuyentes y anteriores autoridades

Cuando se detectó lo que sucedía, se les dio de baja a todos los agentes que trabajaban en el ámbito de la toma de exámenes teóricos y prácticos y se les inició el pertinente sumario administrativo.

La gravedad del asunto requirió la realización de una auditoría interna que mantiene ocupados a seis contadores desde hace días para poder determinar con exactitud la cantidad de casos y las personas involucradas con nombre, apellido y foto.

Desde Tránsito se denunció el caso y ya tomó intervención la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos de la Provincia, a cargo de la fiscal Mónica Poma, desde donde confirmaron a LA GACETA la intervención en el caso.

Como en la coima está quien pide y quien paga, el contribuyente es responsable y la auditoría también recaerá sobre ellos, buscando individualizarlos. A ellos podrían sumarse anteriores autoridades de la Subsecretaría de Tránsito si es que la investigación encuentra que fueron responsables. “Esto es de hace mucho tiempo antes”, señaló Garrido.

Si bien hasta el momento son diez los agentes involucrados, no se descarta que surjan más. Los ya detectados fueron todos separados, ya no tienen ninguna función y están todos nucleados en el mismo gremio, Ademus, contó el titular del área.

En apenas días, la auditoría ya detectó más de 150 casos pero creen que son miles.

Las cámaras no fueron bien recibidas

La inversión en cámaras de seguridad para controlar cada movimiento no cayó bien entre los agentes. Garrido contó que se las boicotearon porque no querían que se los controle.

Actualmente se monitorea el salón de licencias de conducir y el depósito donde se toman los exámenes prácticos. “Pusimos cámaras en todos lados y en mi despacho tengo los monitores donde veo todo, como también desde mi celular”, añadió el funcionario.

Las cámaras en los canchones también se motivaron por otro ilícito que allí sucedía: era un desarmadero donde se comercializaban autopartes. Ahora se puede controlar a las personas que entran y salen y si se llevan algo.

Pero las cámaras también sirvieron a los agentes, ya que hubo dos casos de denuncias de contribuyentes que dijeron que determinado agente le había pedido coimas. Con los denunciantes presentes informando día y hora del hecho, se controló con las imágenes y se pudo advertir que las denuncias eran falsas.