Ante los sucesivos hechos de maltrato a animales en la provincia y el reclamo de las organizaciones no gubernamentales vinculadas al proteccionismo, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que prevé la creación de una Fiscalía Animal. Fue la esposa del gobernador de Salta, Isabel Macedo, quien se reunió con los proteccionistas y les informó sobre la iniciativa del Gobierno provincial.

La Provincia envió al Senado para el tratamiento en las cámaras legislativas, un proyecto de creación de la Fiscalía Penal de Delitos de Maltrato Animal que tendrá competencia para intervenir en los procesos por los delitos previstos en la Ley N° 14.346 y demás leyes complementarias del Código Penal de la Nación vinculadas al maltrato y crueldad contra los animales.

Según el comunicado oficial, Macedo se reunió con integrantes del programa Tu Casa, Tu Perro (que brinda a los beneficiarios de viviendas la alternativa de adoptar una mascota rescatada de la calle) y proteccionistas particulares.

Fundamentos del proyecto

La Declaración Universal de los Derechos del Animal, proclamada el 15 de octubre de 1978 en la ciudad de París, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enuncia en su Preámbulo la necesidad de asumir “que el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo”.

En ese entendimiento, el artículo 1° de la citada Declaración Universal reconoce, con particular énfasis, que “Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”, proclamando su artículo 2° el derecho de todo animal “a ser respetado” y a recibir “la atención, los cuidados y la protección del hombre”.

Con la misma orientación, el artículo 3° establece, de manera concluyente, que “Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles”.

Tanto el artículo 41 de la Constitución Nacional como el artículo 30 de la Carta Magna Provincial consagran el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y que garantice la diversidad biológica, estableciendo el deber de todos los habitantes y de los poderes públicos de preservarlo para el goce de las generaciones presentes y futuras.

Precisamente, el deber constitucional de preservar la diversidad biológica, impone como tarea colectiva la necesidad de garantizar y promover el bienestar de los animales y su protección contra toda forma de maltrato y crueldad.