Para el año próximo ya se advertían grandes recortes en gastos y obras en la provincia, definidos desde Nación como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero, entre esos ajustes, preocupa uno en especial: en el presupuesto 2019 que mañana se trata en el Congreso se prevé “cero pesos” para viviendas sociales en Salta.

Según el texto enviado a la Cámara de Diputados, se destinarían un poco más de 800 millones de pesos para “acciones de vivienda y desarrollo urbano” en la provincia, lo que significa apenas un 7,7% más que el presupuesto del año anterior (742 millones). Ante la inflación proyectada para este año -que superaría el 42%-, el presupuesto del 2019 para enfrentar el grave déficit habitacional en Salta va en claro deterioro.

Pero lo más preocupante para el Ejecutivo provincial es que, entre los ítems que componen este concepto, no están aquellos que prevén recursos para terminar las unidades en ejecución ni para la construcción de nuevas viviendas sociales.

El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Sergio Zorpudes, confirmó este faltante y manifestó su preocupación, la cual también la trasladó a los legisladores salteños, según comentó.

“Para la construcción de viviendas sociales y la prosecución de viviendas, no tendríamos plata del Tesoro Nacional”, dijo el funcionario a LA GACETA.  “Desde el Consejo Nacional de la Vivienda hicimos el reclamo para que Jefatura de la Nación agregue plata por lo menos para terminar las viviendas sociales”, añadió el funcionario, quien también explicó el destino previsto de aquellos 800 millones de pesos del presupuesto 2019.

Este total, 1.781.125 de pesos serían para la regularización dominial de familias de viviendas pero sin escrituras. “Después hay un apoyo a la ejecución de viviendas Procrear por casi 561 millones de pesos que no pasan por IPV, esos créditos se subsidian por entidades bancarias”, continuó el funcionario. Y completarían el monto total, un poco más de 237 millones de pesos para el apoyo a la ejecución en fideicomiso, un plan que prevé la edificación a través de la asociación pública-privada, pero que aún no se inició en Salta.

De esta manera, “estaríamos perdiendo el ingreso más importante para planes federales que, desde el 2013 veníamos recibiendo, y que para el año próximo sería cero pesos en construcción. Entonces tendríamos que subsistir para terminar las viviendas, con el cobro de las cuotas y el Fonavi (proveniente de un impuesto al combustible)”, dijo Zorpudes, quien espera que se revea el presupuesto, por lo menos para las 3.259 viviendas en ejecución en Salta que no se van a terminar.

Al respecto, el diputado nacional Pablo Kosiner aseguró: “el ministro Rogelio Frigerio nos dio el compromiso que el Gobierno Nacional iba a trabajar en las planillas para revertir esa situación”.

Igualmente dudó que haya fondos para nuevas construcciones. “Se prevé la terminación de las obras en marcha, aunque comenzar obras nuevas será complicado”, dijo.

En tanto, desde el oficialismo, el diputado salteño por Cambiemos, Miguel Nanni, justificó: “se disminuyeron las partidas presupuestarias de las viviendas sociales porque se aumentaron los subsidios en 7.000 millones de pesos para los beneficiarios del Procrear y se van a lanzar 60 mil viviendas para todo el país con el plan UVA. El Estado observó que el particular avanza más rápido que el Estado con respecto a la vivienda”.

No obstante, el legislador aseguró que dentro del bloque buscará diferenciarse “porque el concepto de vivienda social no puede subestimarse y quedar en manos de privados”.  Consideró “un error” el ajuste en este aspecto.  

“El gobierno apuesta en las obras a través de la participación público-privada, pero está comprobado que ese sistema no tiene desarrollo en el norte argentino, entonces es atinado que haya fondos para viviendas sociales”, subrayó.