Juan Rosario Mazzone estuvo en el centro de la polémica luego de que el miércoles aparecieran fotos en su vivienda de El Ramadal, donde se lo ve con jóvenes semidesnudas en el marco del festejo de fin de año que realizaron los remiseros de su municipio; además arrastra el pedido de juicio político impulsado por los cinco concejales de El Bordo. 

Las fotografías que despertaron polémica en el pequeño pueblo del departamento de General Güemes, en la provincia y en el país generaron que los ediles de la ciudad se reunieran para convocar a una sesión especial, que se llevará a cabo el lunes por la tarde con la idea de analizar lo sucedido días atrás en la vivienda de Mazzone. 

“Pido a los jueces y fiscales de turno que actúen de oficio”, indicó el titular del Cuerpo, Wadi Leonardo Martínez, y su declaración fue acompañada por los dichos del concejal Raúl Salva, quien expresó: “nosotros vamos a elevar todo ante la justicia, las fotos hablan por sí solas y si las mujeres son menores estamos ante un delito”. 

Los representantes de los vecinos de El Bordo señalaron asimismo que el intendente “debe dar explicaciones claras de todo lo sucedido y asumir su responsabilidad por la función que cumple”. 

Mazzone no sólo lleva en sus espaldas el peso que le provocó la aparición de las polémicas imágenes sino que además tiene en su contra el pedido de juicio político solicitado por los cinco concejales del municipio. 

El dirigente urtubeicista es acusado del “faltante de $1.700.000 en la ejecución presupuestaria del año 2013, construcción de viviendas públicas en un terreno privado, amenazar a un vecino, insultar a un concejal y construir una peatonal sin autorización”, describió Jorge Cari, presidente de la comisión de Juicio Político. 

El representante de Unión por Salta en el Concejo Deliberante destacó que la Fiscalía de Delitos Complejos lleva adelante la investigación; aunque solicitó al gobierno provincial que “mande una auditoria porque a nosotros no nos trajeron las pruebas de las extracciones bancarias, ni nada”. 

Ahora la comisión de Juicio Político que encabeza Cari analiza el descargo que presentó el pasado 29 de diciembre el cuestionado intendente, donde niega “la veracidad de todos y cada uno de los hechos que describen” para imputarlo en una supuesta inconducta en el ejercicio de funcionario público.  En el documento que Mazzone envió al Concejo Deliberante también desmiente haberse referido hacia el concejal Esteban Marquéz de forma indecorosa, xenófoba y discriminatoria. 

El descargo posee un dato interesante. En uno de sus puntos se refiere a la contratación de una retroexcavadora que el municipio realizó al hijo del jefe comunal, César Daniel Mazzone. El intendente no sólo confirma esa situación sino que además argumentó que lo hizo para “generarle un beneficio ecónomico a la Municipalidad” ya que el valor del servicio contratado es inferior a los que se encuentran en el mercado.