Por Danilo Arbilla
PARA LA GACETA - MONTEVIDEO
Alan García Pérez, el dos veces presidente del Perú (1985-1990 y 2006-2011) y senador vitalicio, aprovechó el fin de semana y el sábado pasado (17) se fue a la embajada de Uruguay en Lima, donde la abrieron las puertas, y pidió asilo. Dice que es un perseguido político.
El perseguidor es la Justicia peruana que lo investiga por más de un caso de corrupción durante su presidencia y después, la que, empero, sin tomarle ni una primera declaración dispuso de antemano cerrarle las fronteras, pese a que García había llegado de España por su propia voluntad.
La que pagó las supuestas coimas fue la empresa multinacional brasileña Odebrecht. ¿Qué otra?
Odebrecht ha sido el mayor depredador en materia de corrupción. Asoló el continente y sobre todo durante la época de la presidencia de Lula. Varios de los juicios contra Lula están directamente vinculados con Odebrecht. Lula era una especie de “gestor” de Odebrecht, sus conferencias eran las mejor pagas y su “Instituto” el niño mimado.
Otro dato. García siempre tiene una As en la manga: ni se fugó ni esperó a que lo metieran preso ni al show: eligió la alternativa de “preso político” y que se arreglen los gobiernos de Perú y Uruguay. Ya se habla de tensión -lo que no es así, todavía-.
Es notorio que García tenía algún amigo en Uruguay que le abrió la puerta de la embajada, pero a partir de ahí el gobierno uruguayo debe decidir si asigna el estatuto de preso político a quien es investigado por la justicia por delitos comunes, en un país reconocidamente democrático con total independencia y autonomía de sus tres poderes.
Uruguay, que se va a tomar su tiempo, tiene un margen amplio en función de los convenios internacionales, en donde en alguna forma se contempla aquello de “ante la duda, a favor del reo”. Pero Perú ya ha hecho llegar mucho material explicando por qué no tiene nada que ver con un preso político. Hay hasta una carta del ex (presidente y preso) Humala y se anuncia una visita de parlamentarios peruanos. La presión es mucha. A García lo quieren en la cárcel.
Uruguay, un país con larga e impecable tradición en materia de asilo político, no la tiene fácil. Su actual gobierno además ha demostrado no manejarse muy bien en materia de relaciones exteriores.
“Padres de la patria”
El tema tiene sus aristas. No hay duda que en el Perú hay democracia e independencia de poderes. La pregunta es qué pasa dentro de esos poderes y si son confiables: el actual presidente no fue el electo, hay investigaciones continuas y hasta presos en el Congreso y hace muy poco fueron la justicia y los jueces quienes estuvieron metidos en un gran escándalo por cosas feas. A eso habría que sumarle si no habrán aparecido ahora algunos aspirantes a Sergio Moro, el juez brasileño derivado a ministro.
García no es un preso político, pero lo tenían entre ceja y ceja. La imputación más probada es por el pago de una conferencia (U$S 100.000), con fondos que por vía indirecta puso Odebrecht. En realidad, si se empieza a meter presos a todos los que cobraron conferencias que en alguna medida pudo haber pagado Odebrecht, no es difícil que nos quedemos sin “padres de la patria” en todo el continente: Sur. Centro y Norte. Había hasta catálogo de precios: encabezados por Lula, el más caro.
Y se “embalaron ” -el síndrome Moro- y decretaron el cierre de fronteras sin preguntarle qué tal estaba. Una especie de prejuzgamiento. Y García, ni corto ni perezoso, se agarró de eso.
No sé si estará metido o no. Parece que todos o casi todos cedieron a la tentación. Pero el hecho más relevante e inquietante de todo esto es que quien decide quién es corrupto, el que dice quién fue sobornado y aceptó dinero, es la gente de Odebrecht. Los mismos, los mayores delincuentes que salieron plata en mano a corromper y pudrir a todo el hemisferio y que lamentablemente no les fue nada mal, son los que ahora, mientras negocian sus penas, dicen este sí y este no.
Como que todo huele muy mal.
© LA GACETA
Danilo Arbilla - Periodista, ex presidente de la Sociedad
Interamericana de Prensa.