Dirigentes opositores al Gobierno nacional rechazaron ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri que crea la Agencia Nacional de Deportes en lugar de la Secretaría, hecho que calificaron como una medida que atenta contra el desarrollo del deporte y que debería, en cualquier caso, discutirse en el Congreso.

Entre los que se manifestaron estuvieron los diputados nacionales del FpV-PJ José Luis Gioja y Daniel Scioli, también lo hicieron el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitzs, la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, entre otros.

“El gobierno abusa del mecanismo del DNU. Ahora le tocó al deporte, antes ya había ocurrido con la Salud Pública o Ciencia y Técnica. Los criterios de eficiencia del sector privado no son aplicables a las políticas públicas”, apuntó Lifschitzs a través de un mensaje de Twitter.

Por su parte, Scioli anunció en un comunicado que como presidente de la Comisión de Deportes de Diputados decidió “convocar en la primera reunión de la Comisión al secretario Diógenes de Urquiza para tratar el tema”.

“Vamos a bregar para que el DNU sea debatido en el Congreso como corresponde, para que las voces de todos los sectores sean oídas”, dijo el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Stolbizer, por su parte, señaló que el DNU “sigue degradando la institucionalidad y en este caso, también el deporte”.

Desde el PJ Nacional, Gioja cuestionó la “necesidad y urgencia” del decreto presidencial y afirmó que, detrás de la creación de la Agencia, se oculta “un negocio inmobiliario multimillonario” para vender las tierras del Cenard, que tiene una superficie de 11 hectáreas en el barrio porteño de Nuñez.

Es que -entre otras cosas-, el DNU que firmó Macri le permitirá al Gobierno desguazar una importante cantidad de bienes del Estado y ponerlos a disposición del mercado inmobiliario. Son entre 700 y 1.000 hectáreas de tierras fiscales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios de Ezeiza y Esteban Echeverría, las que quedarán disponibles.

Al Congreso

En tanto, ayer ingresó a la Cámara de Diputados el DNU de régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio, otro controvertido decreto del Gobierno. A partir de ahora, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene un plazo de 10 días para tratar la validez del decreto que Macri anunció desde Casa Rosada días atrás. (Télam/Parlamentario.com)